Este jueves se aprobó en el Parlamento Andaluz la propuesta anunciada por la presidenta de la Junta para modificar la Ley Urbanística andaluza y normalizar la situación de miles de casas ilegales para las que el decreto de regularización, en vigor desde 2012, no supuso una solución.
Tan solo en Albox existen alrededor de 400 construcciones en parcelación, que se produce cuando una parcela o terreno se divide a su vez en varias parcelas para la construcción de más de una vivienda. Su regularización, además, les permitiría conectarse de manera legal a servicios básicos como la luz y el agua. La propuesta salió adelante con el voto a favor del PSOE-A, el rechazo de Izquierda Unida y la abstención del PP andaluz. Una propuesta formulada en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que insta al Consejo de Gobierno a que promueva una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA), que posibilite la regularización de las edificaciones en parcelaciones urbanísticas.
Petición municipal El municipio de Albox ha sido parte activa en la elaboración de esta iniciativa que, en Andalucía, podría suponer la regularización de 25.000 viviendas. Así lo recuerda su alcalde, Rogelio Mena (PSOE), que agradece que esta propuesta se haga “eco” de lo que “hemos manifestado y hemos adjuntado documentalmente en cuanto a la modificación del artículo 185, lo que propusimos hace algo más de un año. Somos conscientes de que la Junta y la presidenta, con quien tuve la oportunidad de hablar sobre este asunto, ha sido sensible”, explica.
“Para Albox, junto con la llegada del agua buena, esta ha sido la mejor noticia de este año”, apuntilla. Lo que Mena no entiende tanto es “el doble juego político de otras formaciones”. Es decir, el voto en contra de IU y la abstención del PP, promotor de movilizaciones en las que se pidió la modificación del artículo 185.
Razón del voto En este sentido, el vicepresidente de la Administración andaluza, Diego Valderas (IU), ha asegurado que la regularización es una cuestión que “hay que sopesar con cautela porque es una modificación de la ley”. Cautela ha sido también la palabra utilizada por los populares, en este caso por el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo (PP), quien ha transmitido “cautela y prudencia” al respecto.
¿Definitivo? Bendodo confía en que “si se hace un anuncio de este tipo una vez más, espero que sea definitivo”, ha agregado el presidente de la Diputación, que ha insistido en que espera que esta vez “sea cierto, que sea real” y ha asegurado que “vamos a estar muy expectantes y exigentes a la hora del cumplimiento a rajatabla de lo que se pueda aprobar”.
Fue la secretaria general de Ordenación del Territorio, Nieves Masegosa, quien habló en noviembre de 2013 de respaldar el “compromiso” adquirido en conversaciones con empresarios y ayuntamientos del Almanzora para ofrecer una solución a miles de casas ilegales excluidas del decreto de regularización. Las declaraciones se produjeron al término de una reunión con el Gobierno albojense y empresarios (AEPA). En una otra visita días antes, la delegada del Gobierno de la Junta, Sonia Ferrer, reconocía que se estaba trabajando en las “parcelaciones”.
Esta es una limitación sobre el terreno para la solución de todos los casos. De hecho, el diario El País informaba ayer que el Gobierno británico pide más y quiere que la Junta “aborde la grave situación” de algunos propietarios de nacionalidad británica que ya están en los tribunales, lo que complica la solución que pide el Gobierno británico.
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