El Pleno como excusa para debatir de otros asuntos

La Diputación de Almería celebró ayer su Pleno ordinario del mes de septiembre en el que el debate se centró en cuestiones tan dispares como la cuenta general de 2013, las sentencias del TSJA que instan a la Junta de Andalucía a reintegrar en sus puestos de trabajo a los ALPEs (Agentes Locales de  Promoción de  Empleo) o en las adjududicaciones de obras por parte de la Institución provincial a la empresa Hispano Almería, supuestamente ligada, según la oposición “a una posible financiación ilegal del PP”.

Todos los puntos debatidos en el Pleno fueron aprobados gracias a la mayoría absoluta de los ‘populares’ excepto un único punto que fue aprobado por unanimidad y que permitirá al Ayuntamiento de Turrillas recibir mobiliario en desuso de la Diputación y que se empleará en el equipamiento del centro de mayores del municipio. El Pleno aprobó también de forma definitiva el denominado Plan Provincial de Apoyo a la Agricultura, dotado con algo más de seis millones de euros en el arreglo de caminos rurales de la provincia. Según señaló el vicepresidente de la Institución, Javier Aureliano García, “la Institución beneficiará a 63 municipios a través de este Plan con más de cuatrocientos mil metros cuadrados de caminos asfaltados”. Recordó que la inversión de este plan “es íntegra de la Diputación y se financiará con las arcas propias, sin contar con aportación alguna por parte de los ayuntamientos”. De esta manera se desestimaba la ampliación del Plan pedida por el PSOE que quería que llegase a 41 municipios más de la provincia y que contara con una inversión de 1,3 millones adicionales.

Cuenta general y obras
Por otra parte, el Grupo Socialista votó en contra de la aprobación de la Cuenta General de 2013, por entender que los dos millones de euros destinados a la construcción de una nueva residencia asistida, un proyecto del que el equipo de Gobierno del PP terminó desistiendo, podrían haberse destinado a los ayuntamientos, algo que no sucedió. La portavoz socialista también ha recordado su desacuerdo con el modelo adoptado por el equipo de Gobierno del PP para el reparto discrecional de ayudas, además de señalar que el estado de ejecución del Presupuesto “deja mucho que desear”. El diputado Juan Pablo Yakubiuk preguntó por qué “cuando se detecta que la empresa tiene deudas, el 13 de mayo de 2014, no se descartó automáticamente la oferta” y aseguró que su formación “sospecha” que se ha producido un posible agravio comparativo con otras empresas interesadas en la obra, “ya que a la empresa se le requirió el pago de esa deuda el 15 de abril y el plazo legal son diez días”. El diputado también preguntó por qué “si lo único que cuenta para habilitar la contratación es que al finalizar el plazo de presentación no tenía deudas, porqué en el escrito de respuesta y en distintos informes se insiste en que la empresa abonó su deuda una vez descubierta la misma, antes de formalizar el contrato”.