Los jueces tranquilizan sobre las casas ilegales: "No estamos por la labor de ordenar más demoliciones"

La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Almería -difundida ayer por LA VOZ y otros medios- que ordena indemnizar a propietarios de viviendas ilegales de Albox que compraron “de buena fe” y, al mismo tiempo, rechaza ordenar la demolición de las casas responde a una filosofía compartida por buena parte de los magistrados con causas similares pendientes.
Así lo ha señalado a este periódico el juez decano de Almería y titular del Penal número 1, Luis Columna, quien ha mandado un mensaje de tranquilidad a la comunidad de propietarios ingleses -compradores de un alto porcentaje de las casas en la misma situación- en el sentido de que los jueces de Almería “no estamos por la labor” de ordenar nuevas demoliciones de casas.
 Columna ha subrayado que esta medida -la del derribo- se ha dictado en casos en los que las viviendas ocupaban terrenos de especial protección pero, en aquellos en los que la infracción de la Ley radica en haberlas levantado en suelo no urbanizable y pueden, además, ser legalizadas en breve, hay un consenso  entre los jueces para evitar en sus sentencias la medida de la demolición.
Es lo que ha venido a decir el reciente fallo del Penal 2, cuya titular desestima el derribo bajo el argumento de que causaría “más perjuicios que beneficios” puesto que las casas fueron compradas “de buena fe” y podrían “ser legalizadas” en un plazo “que depende de los trámites administrativos”.

Celeridad

Precisamente sobre este aspecto de los tiempos  incide especialmente el juez decano. Luis Columna considera que sería “muy bueno” que, además de la predisposición de los jueces a no ordenar demoliciones, la Junta de Andalucía -administración con competencia en ordenación del territorio- agilizara la legalización de todas las viviendas que puedan acogerse a ello antes de que lleguen nuevos juicios. Y es que en los juzgados almerienses se acumulan decenas de procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio -en su inmensa mayoría por haber levantado viviendas en suelos no urbanizables y sin licencia-  que fueron iniciados en su día, generalmente ante denuncias del Seprona o de la propia Administración.
Ahora han venido a coincidir en el tiempo la culminación de muchos de esos procedimientos judiciales con la nueva política de la Junta, que ha decidido modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para permitir la regularización de miles de viviendas ante el enorme problema creado en comarcas como la del Almanzora. Una muestra de esa coincidencia en el tiempo es  la noticia de hace apenas una semana sobre la intención de la Fiscalía Provincial de pedir la demolición de 98 viviendas de toda una urbanización de Albox (El Romeral-La Aljambra) en el marco del procedimiento penal contra los prootores de las mismas. Eso fue apenas unos días después de que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunciara en el Parlamento la modificación de la LOUA.
Sobre este caso particular de la urbanización albojense, el juez decano de Almería cree que se puede llegar a tiempo porque “de aquí hasta que sea el juicio puede pasar un año”, pero insiste en pedir a la Administración autonómica que se dé prisa en hacer efectivas las legalizaciones.
Las viviendas construidas  en terrenos no urbanizables durante los años del boom urbanístico están censadas en 13.000, en su gran mayoría concentradas en la comarca del Almanzora. De ellas, solo 900 no podrán acogerse a la regularización por estar levantadas en zonas protegidas o tener ya sobre ellas una sentencia judicial en contra.