La sentencia que ordena al Ayuntamiento de Albox a indemnizar con 142.800 euros a propietarios de viviendas ilegales construidas en 2004 será recurrida por la Administración municipal. Así lo han asegurado fuentes del Ayuntamiento, que ya expresó su descontento por la indemnización. “Es inadmisible que tengamos que pagar nosotros las consecuencias de la nefasta gestión del PP”, expresó el alcalde, Rogelio Mena, tras conocer la sentencia de las casas construidas en el año 2004.
No ha sido esta la única reacción tras la sentencia conocida esta semana. Ecologistas en Acción Andalucía ha animado a propietarios de viviendas ilegales a que denuncien a los ayuntamientos que han dado licencias "a sabiendas de su ilegalidad" y exijan indemnización por la inversión realizada. En un comunicado, Ecologistas ha considerado que "este es el camino" , refiriéndose a la sentencia que afecta al Ayuntamiento albojense y pide que sea tomada como jurisprudencia. "En todo caso, las indemnizaciones no deben pagarlas los ayuntamientos, sino los alcaldes o concejales de Urbanismo que, por dejación o por incurrir en manifiestas ilegalidades, han permitido o autorizado la construcción", ha matizado el coordinador del grupo, Rafael Yus.
Sí al derribo
El colectivo ha rechazado que la solución sea un sistema de regularización como el propuesto por la Junta, modificando la Ley Urbanística. "Esta vía produce de facto una amnistía urbanística generalizada y una vía para delinquir en construcciones con posterioridad sobre suelo rústico", dice Yus, para quien "la única solución eficaz es la demolición".
El abogado Gerardo Vázquez, defensor de dos de las familias para las que se pide la indemnización, reconoce que coincide con los ecologistas “en cuanto a la responsabilidad de los ayuntamientos pero no en la demolición”. Vázquez asevera que la decisión judicial ha hecho que “muchos propietarios estén interesados en esta sentencia”, es decir, en reclamar a los ayuntamientos una indemnización.
Por su parte, otro letrado especializado en materia urbanística, Alfredo Najas, explica que aunque no ha seguido este caso de cerca “en casos similares en los que he intervenido, la Audiencia Provincial no ha considerado responsable subsidiario al Ayuntamiento en estas cuestiones”. En cuanto la posibilidad de que más afectados sigan el mismo camino, advierte que no sabe “lo que puede deparar el futuro” pero que “a fecha de hoy es la única sentencia que hay en este sentido por parte de un juzgado”.
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