La modificación de la ley para salvar las casas ilegales será hoy una realidad

Las negociaciones entre las dos formaciones que componen el Gobierno andaluz en torno a la modificación de la Ley Urbanística (LOUA) darán sus frutos esta misma semana. Aceptadas las enmiendas propuestas por Izquierda Unida tras el anuncio que el pasado mes realizó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para modificar la normativa y poder regularizar las viviendas ilegales levantadas en parcelaciones, se espera que el Consejo de Gobierno de Andalucía apruebe el anteproyecto de ley en la jornada de hoy.

Enmiendas de IU

Así lo adelantó el pasado sábado el periódico El País, en una información en la que también se aseguraba que desde Izquierda Unida se pidió que la modificación sólo permita regularizar las viviendas de carácter residencial. Fuentes de Izquierda Unida han reconocido a La Voz de Almería que durante la semana pasada fueron varios los encuentros entre responsables de uno y otro partido para dar forma a esta modificación de la LOUA, siendo las Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la de Fomento las responsables de estudiar esta iniciativa que permitirá normalizar la situación urbanística de miles de cientos de viviendas en la provincia.

En total, la formación de Izquierda Unida propuso que el anteproyecto de ley recogiese tres de sus enmiendas. Las negociaciones se mantuvieron durante toda la semana pasada hasta alcanzar el viernes el acuerdo para modificar la LOUA.

Artículo 185

Hasta ahora la regularización de las parcelaciones no ha sido posible ya que el artículo 185 del decreto puesto en marcha por la Junta en 2012 hacía imprescriptibles este tipo de edificaciones, al contrario que con otro tipo de viviendas fuera de ordenación.

Más allá de lo que suceda hoy en el Consejo de Gobierno con una modificación de la LOUA para la que IU votó en un principio en contra en el Parlamento mientras que el PP se abstuvo, los Ayuntamientos que no lo hayan hecho (la inmensa mayoría) deberán ahora elaborar  para identificar los asentamientos y edificaciones ilegales en su término municipal.

Una herramienta imprescindible para proceder a la regularización de este tipo de viviendas. Se calcula que en toda la comunidad autónoma existen alrededor de 300.000 viviendas ilegales, de las que unas 12.500 se encuentran la provincia de Almería; la gran parte en el Almanzora.