La Junta planea tirar otras dos casas de británicos

Salvo sorpresa mayúscula, la historia se repetirá en el paraje de Las Terreras, ubicado en el municipio de Cantoria, un año después de que fuesen reducidas a escombros las últimas dos viviendas ilegales demolidas en la provincia en octubre de 2013.

La Junta de Andalucía va a derribar otras dos viviendas de ciudadanos británicos construidas en suelo no urbanizable en este paraje, ejecutando una sentencia que inhabilitó y obligó a dejar el cargo al exalcalde popular, Pedro Llamas.

Se trata de dos edificaciones de un conjunto de cuatro cuyo derribo intentó paralizarse por parte del Ayuntamiento de Cantoria en 2013, después de la demolición de las otras dos casas, levantadas por idéntico promotor en una parcela contiguas.

Derribo o justificación
La notificación remitida por la Junta al Ayuntamiento fija la demolición para el martes 18 de noviembre a las doce del mediodía. El coste corre a cargo del promotor, también condenado, y en ella se cita al Consistorio a una reunión de coordinación.

Según remarcó en su sentencia de mayo de 2012 el tribunal de la Sección Segunda, las casas fueron vendidas a ingleses "que desconocían cual era la situación" de los inmuebles. En la notificación, la Dirección de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunica que cumple así una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que "interesa de forma expresa" que se proceda a “la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden". Sobre este respecto, desde la Junta de Andalucía han asegurado a este periódico que “se ha limitado a cumplir una sentencia judicial firme”.

El aviso de demolición rompe un clima de optimismo generado entre las diferentes partes afectadas desde el acuerdo materializado por la Junta este octubre para modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)  y regularizar así miles de edificaciones. Sin embargo, fuentes de la Junta matizan que “estas viviendas no podrían beneficiarse” de la modificación de la LOUA, ya que son viviendas “con un procedimiento judicial y con sentencia firme”.

Una medida, la modificación de la LOUA, acordada días después de que el juez decano de Almería y titular del Penal número 1, Luis Columna, mandara un mensaje de tranquilidad a los propietarios asegurando que los jueces de Almería “no estamos por la labor” de ordenar nuevas demoliciones, tal y como recogió La Voz de Almería. Si bien esta sentencia que implicaría el derribo de las construcciones es previa a esta declaración de intenciones.

Incomprensión
Fuentes del Ayuntamiento de Cantoria han precisado que “respetan y acatan las decisiones judiciales” pero que el Consistorio “no entiende el criterio seguido y por qué la Junta tiene tanto interés en tirar estas casas cuando hay otras sentencias condenatorias en las que también se acuerda la demolición de años anteriores en otros pueblos”.

En este sentido, desde el Consistorio cantoriano advierten que “la demolición de estas vivienda va a generar un impacto negativo no solo en Cantoria y la comarca, sino en toda la provincia debido a su trascendencia” y añaden que las casas cuyo derribo está programado “no están en suelo de especial protección, ni inundable”, señalando directamente a la Administración andaluza. “La propia Junta de Andalucía fue la que pidió ejecutar la sentencia ante la Audiencia Provincial. Los hechos son los que son”. 

Los afectados lo consideran un “desastre”
La presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-NO (AUAN) de propietarios de viviendas irregulares, Maura Hillen, considera un "desastre" los derribos programados y ha subrayado que los dueños no han recibido “ningún tipo de indemnización". Hillen también ha advertido del "daño” que provocan este tipo de actuaciones “a la imagen para el mercado inmobiliario".

La presidenta de AUAN ha trasladado que tanto los propietarios de las dos viviendas demolidas hace un año como los dueños de las dos cuyo derribo se ha programado “pasaron muchos años sin tener luz y agua, y tuvieron que regresar a Reino Unido". "No pueden comprar en su país porque no han recibido ninguna indemnización desde que se dictó sentencia en 2012 y residen de alquiler y en una residencia para la tercera edad", ha lamentado.