Las dos casas ilegales son demolidas ante la indignación de alcaldes y empresarios

La noticia saltó hace casi un mes. Desde el 5 de noviembre todos los agentes implicados conocían que en la jornada de ayer martes, dos casas ilegales situadas en el paraje Las Terreras de Cantoria serían demolidas. Sin embargo, la angustia y la indignación agrió las caras de los afectados británicos, empresarios y concejales que ayer se dieron cita ante la primera de las viviendas que fue demolida.

Las primeras embestidas de la máquina retroexcavadora se convirtieron en dentelladas en el ánimo ya derruido de los presentes. “¡Vergüenza!”, gritaban en inglés vecinos y representantes de asociaciones de británicos llegados hasta el paraje para mostrar su apoyo desde rincones como la Axarquía malagueña.

Acto en la puerta

Fue a la una de la tarde cuando comenzó la demolición de la primera de las viviendas. Aunque la hora señalada en la citación enviada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento eran las doce del mediodía, primero tuvieron lugar otras labores como la evacuación del poco mobiliario que quedaba perteneciente a los propietarios de origen británico, si bien la casas se encuentran desde hace años abandonadas después de que se cortara el suministro de luz y agua por su situación legal.

Antes de que la maquinaria hiciera acto de presencia, alcaldes y concejales populares del Almanzora (con excepción del regidor independiente de Zurgena), asociaciones de afectados por las viviendas ilegales de Almería (AUAN) y de Málaga (SOHA) y el presidente de la Asociación de Empresarios de Albox (AEPA) se reunieron en la misma puerta de la casa para protestar por el derribo y la política urbanística de la Junta.  Bajo el porche que pocos minutos después fue reducido a escombros, se dio lectura a un manifiesto reivindicativo firmado por 15 ayuntamientos del Almanzora, asociaciones de afectados y por la asociación empresarial.

Finalizado el comunicado, un aplauso y posteriormente el silencio hasta que el ruido cada vez más cercano de la retroexcavadora dirigiéndose hacia la casa anunció que la Junta materializaría la demolición ordenada en una sentencia judicial de 2012 dentro de un proceso que le costó al exalcalde popular de Cantoria, Pedro Llamas, ser condenado a 2 años de prisión y 23 meses de inhabilitación para cargo público. Más allá de la espectacularidad de la demolición, la indignación viene también provocada por la situación de desamparo en la que quedan los dos matrimonios británicos de jubilados que invirtieron sus ahorros en estas viviendas. En este sentido, los afectados vienen reclamando al Gobierno central un cambio en el Código Penal que asegure a los propietarios la indemnización fijada en la sentencia antes de que se proceda a la demolición.

Es en este punto donde el PSOE se ha pronunciado en la misma tarde de ayer. Los socialistas han anunciado que impulsarán una proposición en el Congreso y la Cámara andaluza para instar un cambio normativo que impida el derribo hasta que los propietarios de buena fe no sean indemnizados.

Mientras ayer, desde la distancia y tras unas pancartas críticas con la Junta de Andalucía, la presidenta de la asociación de afectados Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Maura Hillen, grababa con su teléfono móvil cada golpe de la máquina contra la casa. “Es un desastre. Me han pedido las imágenes medios como la BBC, The Times...”, afirmaba, adelantando las repercusiones de esta demolición que derrumbará algo más que cuatro paredes.

Alcalde de Cantoria: “Es una humillación a mi persona y pueblo”

Antes de la demolición, el presidente de la Mancomunidad del Almanzora, Ramón Salas, dio lectura a un manifiesto elaborado por la asociación de afectados AUAN y apoyado por 15 ayuntamientos, varias asociaciones andaluzas y por empresarios. En el mismo, se apeló a los “derechos humanos” para exigir una indemnización “justa” antes del derribo.

Entre otras reivindicaciones, se pidió a la Junta “que no de la espalda”  al problema como responsable “al menos en parte” de las cientos demiles de casas ilegales levantadas. Al finalizar, el alcalde de Cantoria, Gaspar Masegosa (PP), aseguró que es una “humillación a mi persona y a mi pueblo”, aludiendo al derribo de ayer y a los dos de octubre de 2013, afirmando que vive una “persecución”.