José Manuel Ortiz, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, mostró ayer su “perplejidad e indignación” a la vista de las declaraciones y actuaciones del alcalde de Cantoria, a propósito de la demolición de dos viviendas ilegales en dicho municipio. El delegado, que dijo “entender y compartir el dolor y la indignación de los propietarios de dichos inmuebles, que los adquirieron de buena fe”, criticó la actitud de quienes “tanto por omisión como por acción, no hicieron nada por evitar que se haya llegado a esta situación, y ahora, en lugar de pedir perdón y dar explicaciones, en un intento por confundir a la opinión pública y obtener beneficios políticos, culpan a los demás”.
Ortiz señaló que “además del promotor, el principal responsable de que se haya llegado a esta lamentable situación fue el Ayuntamiento de Cantoria, que en lugar de actuar en un primer momento para evitar unas construcciones ilegales, cuando aún estaba a tiempo, miró para otro lado” cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil denunció en 2003 ante la Jurisdicción Penal “un posible delito contra la ordenación del territorio por la roturación y el desmonte de terreno forestal sin autorización, denuncia por la que la Delegación de Medio Ambiente impuso una multa al promotor, así como la obligación de reponer el suelo a su estado anterior”.
El delegado aseguró que en 2004, con las viviendas aún en ejecución, “la Junta requirió al Ayuntamiento para que ordenase la suspensión de las obras, ejerciera sus competencias y restableciera la legalidad, pero no sólo no suspendió las obras y ejerció dichas competencias, sino que incluso una vez finalizadas autorizó el suministro de energía eléctrica y agua a las viviendas, hechos por los que la Audiencia Provincial de Almería condenó al entonces alcalde de Cantoria, Pedro Llamas, como autor de un delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de falsedad documental”.
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