El alcalde dice que no dimitirá, a pesar de la condena a pena de cárcel

El Juzgado de lo Penal 5 de Almería ha condenado a 21 meses de prisión al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP) y a su hermano, Francisco Sánchez, por realizar en una finca de su propiedad obras de desmonte y roturado "sin autorización" y desobedeciendo una "orden expresa de paralización”. De igual modo, también han sido juzgados por construir "sin licencia" en la citada finca un edificio anexo a una vivienda y una piscina sobre suelo no urbanizable.

El magistrado Manuel José Rey Bellot estima probado que eran "conocedores" de que lo ejecutado no era autorizable y considera acreditado, asimismo, que mostraron "una conducta obstativa y rebelde al incumplir de forma palmaria la prohibición impuesta", una "contravención" que califica de "grave" dada la entidad de las obras y las circunstancias del caso.

Tras tener conocimiento de la sentencia emitida por el Juzgado Penal número 5 de Almería, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, ha asegurado a este periódico que va a “recurrir” la sentencia “tal y como me permite la ley”. Sánchez ha manifestado que respeta las decisiones judiciales aunque no está de acuerdo con esta sentencia. “Me han condenado por una nave de aperos de 40 metros”, ha valorado, aclarando además que “el de mi cortijo es un tema privado”.

“Haré todo lo posible por defenderme utilizando todos los instrumentos que la ley me permite”, señala Sánchez, quien descarta dimitir como alcalde tras la condena al tratarse de “un tema privado” por lo que “no me retiraré hasta que la sentencia no sea firme”, ha aseverado el regidor.

Pena impuesta
El fallo impone a Rodrigo Sánchez y a su hermano sendas penas de un año de cárcel como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y de nueve meses de prisión por desobediencia con la atenuante de dilaciones indebidas al apreciar una tramitación "muy lenta y muy dilatada teniendo en cuenta las diligencias practicadas" en el marco de una causa que fue incoada en septiembre de 2007.

El magistrado dispone en su sentencia, contra la que cabe apelación a la Audiencia Provincial, que ambos deberán responder económicamente de forma solidaria de los costes de la demolición de la edificación ilegal y deberán abonar una multa de 10 euros al día durante 15 meses, además de 21 meses de inhabilitacion para empleo u oficio relacionado con la construcción.

La resolución recoge como probado que el regidor y su hermano, como propietarios de una finca en el paraje conocido como Los Llanos, comenzaron a ejecutar en agosto de 2005 trabajos de rellenado y desmonte en terreno forestal "con taponamiento del cauce de las vertientes" y sabiendo ambos de la "necesidad" de obtener la preceptiva autorización administrativa "para tal menester, la cual no obtuvieron".

La obra, realizada "por medio de empleados de la mercantil Servicios Agrícolas y Forestales del Almanzora SL de la que era administrador" Rodrígo Sánchez, fue objeto de "paralización inmediata" al no contar con autorización en virtud de un expediente incoado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Almería en marzo de 2006 y tras denuncia de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La resolución para abstenerse de seguir ejecutando estas obras le fue "notificada" a Francisco Sánchez, si bien el juez remarca que su hermano "tenía también conocimiento" de tal prohibición y requerimiento hasta el punto tal de que al entrevistarse con los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les contó que “sabía de la sanción y que realizaba la obra por medio de empleados de una mercantil suya pensando que por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) era posible".

Declaración
Cabe recordar que el regidor aseguró en la vista oral del 28 de octubre que no conocía la orden de paralización y que había sido su hermano quien había hecho las obras, unas aseveraciones que el juez afirma que "no son creíbles en modo alguno" ya que contradice lo que aseguró en instrucción y que la obra se hizo con "empleados de la mercantil de su propiedad".

"A pesar de no constar documentalmente la notificación de la sanción y de la prohibición de obras a Rodrigo Sánchez existen indicios bastantes suficientes", traslada el juez para remarcar que continuaron con las obras una vez paralizadas "teniendo cabal conocimiento de que con tal conducta incumplían la orden dada por el órgano competente dentro del procedimiento legalmente establecido y con conocimiento de las consecuencias legales de tal conducta".

Para el magistrado Rey Bellot, tanto el alcalde popular de Fines como su hermano "tenían conocimiento" de la clasificación del suelo como terreno no urbanizable común y de la "imposibilidad legal" de obtener autorización para hacer las obras, y alude a que el propio Ayuntamiento "certifica" que las licencias "podrían concederse" y a la pericial "sumamente convincente, exhaustiva e ilustrativa" que se practicó en juicio.

El PP calla
A pesar de que la sentencia que condena a pena de prisión al alcalde de Fines se conoció a primera hora de la tarde, desde el Partido Popular de Almería no hanquerido pronunciarse sobre la situación del primer edil condenado. LA VOZ contacto con el partido y solicitó algún comentario sobre la noticia, sin embargo, desde el PP se comunicó que no iban a hacer declaraciones, al menos de momento.