La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-NO (AUAN) de propietarios de viviendas ilegales, su gran mayoría de origen británico, ha solicitado al Parlamento Europeo que abra una investigación de “urgente” para analizar si se está produciendo “discriminación indirecta” con las demoliciones de casas que fueron adquiridas de buena fe.
El escrito, que ha sido elevado al Comité de Peticiones, urge a Bruselas a que dirima las causas de lo que califica de “marcada vulnerabilidad” de los compradores que ven “derribadas sus casas debido a irregularidades en la planificación urbanística” por parte de Junta de Andalucía y ayuntamientos.
Indemnización
El documento señala para apoyar su petición que, de las 13 viviendas demolidas en Almería desde 2008, cinco pertenecen a británicos. “Suponen -detalla AUAN- el 35% de todas las propiedades demolidas desde 2008 cuando los británicos que viven en Almería representan 17.965 de un total de 549.890 habitantes, o el 3,27% de la población”.
El escrito aprecia “apariencia de discriminación indirecta” ya que, según subraya, a este hecho hay que sumar que, en todos los casos, los tribunales “establecieron que los dueños habían actuado de buena fe y debían ser indemnizados”. “A pesar de ello se demolieron las cinco propiedades sin el pago de la indemnización a la parte lesionada, lo que les deja sin dinero y sin hogar”, argumenta la asociación de afectados.
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