Los abogados piden una reunión con el ministro de Justicia por las casas ilegales

José Pascual Pozo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano del Colegio de Abogados de Almería, ha promovido una resolución del Consejo, en su calidad de órgano coordinador de los colegios de abogados de Andalucía, pidiendo una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para abordar el problema de los derribos de las casas fuera de ordenación y en situación irregular o, incluso en algunos casos, de ilegalidad.

Esta iniciativa se ha adoptado a petición de las asociaciones de afectados por ilegalidades urbanísticas,  Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) de Almería, y Save Our Homes Axarquía (SOHA), de Málaga.

Código Penal
El objetivo de esta reunión sería el de intentar un cambio en el Código Penal, tal y como vienen reclamando los afectados desde hace tiempo.
Según la carta presentada por las asociaciones al Consejo, a través de Gerardo Vázquez, letrado asesor y portavoz de estas organizaciones de afectados, se trataría de poder explicar al responsable de la cartera de Justicia en el Gobierno central “la problemática de las viviendas ilegales adquiridas de buena fe por ciudadanos europeos residentes en Andalucía”.

Continúa diciendo la carta que “muchas de estas viviendas corren el riesgo de ser demolidas en vía penal. Al ser adquirentes de buena fe, se les concede a los adquirentes una indemnización teórica, pero esta no se produce en la práctica al carecer habitualmente el promotor de bienes. Con ello están ocurriendo casos con gran repercusión ante los medios tanto nacionales como internacionales, donde el adquirente se queda sin los ahorros de su vida que ha invertido en España quedándose a la vez sin vivienda”.

Estado español
Las asociaciones dicen en su misiva que “conviene resolver este problema para que estas víctimas se encuentren debidamente protegidas por el estado español, fomentándose su derecho humano al domicilio y a la propiedad”.

Para dar solución a esta situación las asociaciones de afectados promueven un cambio en el Código Penal para que se garantice en todo caso la indemnización en caso de la demolición  de viviendas adquiridas por compradores de buena fe.

En concreto, desde AUAN y SOHA se hace referencia a que el artículo 319, apartado 3, del Código Penal no hace depender la demolición a la previa o simultánea indemnización, dejando a los propietarios sin casa y sin dinero y teniendo que pleitear por conseguirlo.

Philip Smalley, presidente de SOHA ha señalado que “la verdad es que los afectados agradecen enormemente que sus inquietudes hayan tenido acogida a través del cuerpo coordinador de los Abogados andaluces. Piensan que es un paso importante y esperan que el ministro de Justicia les conceda audiencia lo más rápidamente posible, pues urge resolver estos problemas”.