Representantes de las asociaciones de afectados por los derribos de las viviendas ilegales en Almería y Málaga se han reunido en el Senado con miembros de los grupos parlamentarios del PP, PSOE y IU para solicitarles su apoyo a la hora de plantear un cambio en el Código Penal. El objetivo es que, los compradores de buena fe a los que se les tenga que tirar su casa sean indemnizados. Asimismo, solicitan que sean parte del proceso judicial, lo que actualmente no ocurre.
El portavoz de Fomento del PSOE en el Senado, el granadino Juan Manuel Fernández Ortega, ha reclamado esos cambios legislativos y, tal y como ya anunciaran desde el partido, se ha comprometido a trabajar en una propuesta que pueda ser tramitada en las Cortes, ha explicado a LA VOZ el representante legal de AUAN, Gerardo Vázquez.
Por su parte, el PP, que también ha dicho apoyar y entender a este colectivo, ha centrado su discurso en considerar la ley del suelo de Andalucía como el verdadero problema de la situación que vive este colectivo.
Culpa de la Junta
Así, el Partido Popular ha explicado en una nota que se han reunido con estos colectivos “para tratar los problemas derivados de la actual normativa urbanística andaluza (LOUA) cuya ambigüedad y difícil aplicación está provocando que cientos de miles de familias vivan con la incertidumbre de que sus viviendas puedan ser derribadas”.
Aunque ese ha comprometido a estudiar la propuesta de reforma del Código Penal que han presentado, al finalizar la reunión, los senadores populares concluyeron que “a responsabilidad última corresponde a la Junta de Andalucía”.
En cuanto a Izquierda Unida, Vázquez ha señalado que “parece que nos entiende y comprende nuestras peticiones”.
El letrado de AUAN ha explicado que el principal problema es que los tribunales ordenan el derribo de las construcciones y fijan una indemnización pero como los promotores son insolventes y no tienen bienes, esta compensación nunca llega a los dueños de las viviendas.
El representante de los afectado ha pedido a todos los grupos agilidad a la hora de acometer esos cambios propuestos y a las asociaciones y ecologistas el máximo consenso posible.
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