PSOE y PP, de acuerdo en buscar a los responsables de las viviendas ilegales

Sorpresa mayúscula en el Ayuntamiento de Albox tras el auto judicial que le impone una fianza civil de 3,1 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades derivadas de la posible demolición de 98 viviendas construidas entre los años 2004 y 2006 sobre suelo no urbanizable y sin licencia municipal.

Fuentes jurídicas del Ayuntamiento han aclarado que la fianza no es una petición del Fiscal sino “de dos de las cuatro acusaciones particulares, que son las que han solicitado la inclusión del Ayuntamiento como responsable civil”. Para que el Consistorio albojense tuviera que responder ante los hechos como responsable civil sería necesario “que exista una responsabilidad penal por parte de alguna persona con vinculación al Ayuntamiento, algo que no se da en este caso”.

Responsabilidad
Los servicios jurídicos reconocen que en los años en los que se levantaron estas casas (en pleno ‘boom’ urbanístico) pudo haber casos “donde la actuación en ayuntamientos” haya sido cómplice en la problemática urbanística, pero señalan que no este no es uno de esos casos. “No hay ni eso. Aunque hubiese  omisión habría que ver qué tipo de omisión sería, pero lo más importante es que debe haber alguna persona (alcalde, concejal, técnico...) implicada en los hechos para pedirle al Ayuntamiento ser responsable civil subsidiario”.

Cabe recordar que, según el auto, pesaban sobre el residencial órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por el Área de Urbanismo del Consistorio, aunque la extrañeza que ha producido el auto del Juzgado de Instrucción 1 de Huércal-Overa en la Administración local no es únicamente consecuencia de la petición de fianza.

El hecho de que la noticia llegara al Ayuntamiento mediante los medios de comunicación tampoco ha sido bien entendido en el Consistorio albojense. “Cuando nos lo notifiquen se procederá como en derecho corresponda”, aseguran las mismas fuentes. En este sentido se ha pronunciado también la concejala de Urbanismo, Sonia Cerdán, quien ha subrayado que en el Ayuntamiento no han recibido “notificación alguna” y ha añadido que, a su parecer, es “injusto” que “los ciudadanos de Albox tengan que pagar una dejación de funciones de otros políticos”, ha manifestado en referencia al Partido Popular de Albox que ocupó la Alcaldía del municipio durante los años del ladrillazo.

Valoración del PP
El actual portavoz de la formación popular, Juan Pedro Pérez Quiles, también reconoce haberse enterado “por la prensa” del auto judicial por lo que la formación desconoce “los detalles del procedimiento”, si bien entiende que “para el municipio y para las arcas municipales es un gran varapalo” aunque expresa que “por lo poco que conozco del procedimiento no hubo licencia municipal y el Ayuntamiento no es responsable”.

Aún así, Pérez Quiles se muestra “de acuerdo con el alcalde” de Albox, Rogelio Mena (PSOE), quien anunció este lunes que se investigará a los “responsables” de esta problemática urbanística. “El que haya cometido alguna irregularidad que cumpla con su obligación y dé la cara”, pide el portavoz popular, que ha concluido lamentando “que las malas gestiones, negocios o acciones de políticos de ahora o de antes repercutan siempre en los vecinos”.

En cualquier caso, desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Albox reiteran que su misión es “tanto en este como en otros casos” defender “al Ayuntamiento y a todos los albojenses, con independencia de en qué años o bajo qué gestión se hayan producido los hechos”. Las 98 viviendas fueron construidas en terreno no urbanizable situado en el paraje albojense de El Romeral-La Aljambra.