El Pleno debate hoy investigar las casas ilegales

Las medidas anunciadas esta semana por el alcalde de Albox para exigir responsabilidades tras la petición de una fianza de 3,1 millones de euros al Ayuntamiento dentro del proceso judicial en el que están involucradas 98 viviendas ilegales no se han hecho esperar.

El Consistorio albojense acogerá una sesión plenaria en el día de hoy en la que, entre otras cuestiones siempre relacionadas con la problemática urbanística, se debatirá la creación de una Comisión de Investigación sobre los hechos del proceso judicial en el que también se pide la demolición de casi un centenar de viviendas, que fueron construidas entre los años 2004 y 2006 en el paraje albojense de ‘El Romeral-La Aljambra’. Además, se votará la autorización para el envío de los recursos que procedan “en defensa de los intereses generales del municipio de Albox, así como la personación del Ayuntamiento de Albox en dicho proceso”.

Responsabilidades Desde que este lunes se conociera la petición de una fianza civil de más de 3,1 millones de euros al Ayuntamiento de Albox y a tres mercantiles para hacer frente a las responsabilidades derivadas de la causa, como una posible demolición, los responsables políticos del municipio se han mostrado de acuerdo a la hora de emprender las acciones necesarias para dirimir las responsabilidades en esta materia. El lunes, el primer edil socialista, Rogelio Mena, anunció que iniciaría “un expediente de responsabilidad a los  gestores” del Consistorio e invitó al Partido Popular de la localidad a “exigir responsabilidades a los suyos por las corruptelas cometidas”.

Tal y como ayer publicó este periódico, el actual portavoz popular en el municipio, Juan Pedro Pérez Quiles, recogió el guante mostrándose “de acuerdo con el alcalde” en que se investigue a los “responsables” de esta situación. “El que haya cometido alguna irregularidad que cumpla con su obligación y dé la cara”, aseguró.

Las 98 viviendas sobre las que pesa orden de derribo, cuantificado en 688.666 euros que la Fiscalía interesa que asuman los promotores, se levantaron sobre un suelo calificado como no urbanizable y sin la preceptiva licencia municipal de obras, por lo que, según recoge el escrito de calificación provisional, "no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente".