Estrés, pérdida de salud y ruina. La otra cara del ‘boom’ urbanístico

El aspecto de una vivienda ilegal no difiere mucho del de una casa común. Obviando las centenares de casas con aspecto fantasmagórico que salpican el Valle del Almanzora, abandonadas por aquellos que sí disponían de recursos para volver a su país de origen, el resto de construcciones bien podrían pasar por una vivienda cualquiera a simple vista. Las diferencias salen a relucir cuando se traspasa el umbral de la puerta. Dentro, abundan situaciones dramáticas que conjugan el estrés, un empeoramiento de la salud y un gasto de dinero inesperado que en ocasiones lleva al límite a quienes un día decidieron comprar una casa buscando el sol y la calidad de vida. 

Salud afectada El matrimonio Gerald y Doreen Smith comparte más que el mismo techo. Ambos tienen 68 años y  nacieron en Londres. Nos reciben amablemente en su casa, en el paraje de la Rambla de Oria. Es una de las cinco viviendas envueltas en un proceso judicial para las que la Fiscalía pide la demolición. 

El salón está presidido por una mesa baja rodeada por dos sofás. Al lado, en otra mesa más alta, están colocados ordenadamente los diferentes medicamentos que, sobre todo en los últimos años, han servido para cuidar la salud del matrimonio. “El estrés es muy grande y esto -la situación legal de la casa- está teniendo un efecto muy fuerte en nuestra salud. La suya ha empeorado mucho en los últimos años”, cuenta Gerald junto a su mujer Doreen, incapaz de ocultar los problemas de salud que le afligen. Él tampoco ha escapado mucho mejor. Sufre del corazón y de gota. 

Su hija compró el suelo donde posteriormente se edificaría su casa y la de sus padres en 2002. No fue hasta 2010 cuando tuvieron conocimiento de que su vivienda era una casa ilegal más destinada a pasar años en el limbo de la incertidumbre. Desde entonces ya son casi cinco años luchando por no quedarse en la calle. La casa es todo lo que tienen. “Nuestra vida ha cambiado. Teníamos todo lo que necesitábamos en Inglaterra. Ahora no tenemos nada”, confiesa Gerald con una indignación poco disimulada. “Nadie nos dijo que no se podía construir. Somos doblemente víctimas. Del promotor y de un sistema judicial que castiga a los afectados más que a nadie. Los juzgados piden dos años de cárcel al promotor y una multa que no paga”, denuncian. 

Con este panorama, no es de extrañar que hayan perdido la confianza en la justicia y en recibir “un céntimo” de indemnización. No esperan nada de un sistema judicial que bajo su punto de vista “va contra las víctimas”. Pero volviendo a los rasgos -más allá de los humanos- que diferencian a este tipo de construcciones respecto a otras que cumplen la normativa urbanística, el uso del generador es otra de sus características. 

Sin luz eléctrica Al no estar dentro de la legalidad, cientos de viviendas no disponen de conexiones a servicios básicos como luz eléctrica. Un generador alimentado con gasolina es su único recurso desde hace diez años. Toda una década en la que este matrimonio de jubilados ha tenido que hacer frente a los aproximadamente 300 euros que pagan mensualmente para abastecerse con la gasolina necesaria. No hay que derrochar, por lo que suelen hacer uso de él a partir de las seis, cuando arrecia al frío. Lujos como ver la televisión también se  dosifican en casa de los Smith.

No es el único gasto con el que este matrimonio no contaba antes de llegar a España. La defensa de su causa en el proceso judicial también supone una merma en su pensión. Una conjugación de factores que forman una realidad distinta a la que todavía asocian algunos españoles al modo de vida del británico llegado durante el ladrillazo. “Piensan que somos ricos, gente con dinero... y vivimos igual que ellos”, apunta Maura Hillen, presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), presente en la entrevista.

Con todo, evitan en cada frase las generalizaciones y reiteran que su indignación no se dirige contra los españoles sino “con las autoridades que no hicieron nada al comienzo de este problema”, especifica Gerald. En su caso, no se lo pensaría y reconoce que, de poder hacerlo, preferiría volver a Inglaterra y dejar atrás la pesadilla que están viviendo desde hace un lustro. Es en lo poco en lo que no coincide el matrimonio. Ella, Dooren, responde sin dudar a la pregunta de si le gustaría volver a su país. A pesar del frío, del generador, de la austeridad y de que las paredes que le cobijan estén pendientes de una decisión judicial para saber si serán reducidas a escombros, contesta contundente: “I love live here (me encanta vivir aquí)”. 

Afectados: Piden cambiar el Código Penal

La solución a parte de los problemas derivados de la proliferación de viviendas ilegales durante el ‘boom’ urbanístico pasa por un cambio del Código Penal que asegure a los afectados la indemnización antes de que se produzca el derribo. Es lo que viene reclamando en los últimos años la asociación de afectados Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) al Gobierno central. “Se trata de garantizar la fianza” antes de que se produzca el derribo, explica la presidenta de este colectivo, Maura Hillen.