Los 147.744 euros cobrados por el Ayuntamiento de Albox correspondientes a los 12 euros por tonelada de basura depositada el vertedero gestionado por el Consorcio de Residuos Almanzora-Levante-Los Vélez no han significado el punto y final al desencuentro entre las dos instituciones.
El presidente del Consorcio encargado de gestionar la basura de 45 municipios ha recordado que si bien se agotaron “todos los recursos en vía administrativa” contra la tasas impuesta por el Ayuntamiento, “se interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza”, por lo que los tribunales todavía deben pronunciarse sobre la tasa de 12 euros por tonelada.
Antonio Martínez Pascual, presidente del ente supramunicipal y también alcalde de Olula del Río, ha subrayado que “como medida cautelar se ha solicitado la suspensión de la ejecución de la tasa en tanto no exista sentencia” para que los usuarios no tengan “porqué verse perjudicados por una tasa cuya legalidad es más que dudosa, tal y como consta en autos”. Martínez Pascual se retrotrae a la Junta General de abril de 2014 para mencionar el posicionamiento contra a este canon de “todos los asistentes” con la excepción del representante albojense.
Los 147.744 euros fueron retenidos por el Área de Recaudación de la Diputación haciendo efectivo el pago al Consistorio. Un pago contrario a la petición del Consorcio que en octubre de 2014 pidió “la inmediata suspensión” de las “actuaciones iniciadas por esta Diputación tendentes al cobro al Consorcio que presido”.
Inamovible
El presidente del ente menciona el cambio “de criterio” de la Diputación y reitera que la postura del Consorcio sobre el canon no ha variado ni un ápice desde el inicio de las diferencias. “El Ayuntamiento pretende cobrar dos veces a los ciudadanos por lo mismo”, reitera Martínez Pascual. “Los contribuyentes ya abonan en su recibo esas labores de control y vigilancia que el Ayuntamiento de Albox se arroga”, asevera. Cabe recordar que el alcalde de Albox explicó con anterioridad que lo recaudado se destinaría al arreglo del dañado asfalto del polígono industrial donde se ubica el vertedero del consorcio y a una mejora medioambiental del municipio que alberga las instalaciones del Consorcio.
El máximo responsable del ente incide en el “doble cobro” que el canon representa por estos conceptos y advierte de que éste supondría un “incremento” del recibo que no se ha producido por la “saneada situación “económica del Consorcio a falta de que hablen los tribunales. “No son tiempos de imponer tasas y subir recibos, sino que las administraciones públicas deben apretarse el cinturón para no asfixiar más al contribuyente”, reprocha Antonio Martínez Pascual.
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