Los reproches entre los dos principales partidos por los presuntos delitos o hechos de “poca moral” cometidos por sus cabezas de cartel para las próximas elecciones arrancaron desde el primer día en el que se conocieron las listas para las diferentes localidades almerienses este martes. Y hasta hoy.
Ha sido el Partido Socialista el que ha pasado de los cruces de acusaciones y exigencias al rival a la denuncia. De este modo, el PSOE de Almería ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Huércal-Overa que el Partido Popular presenta a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo a "dos candidatos condenados por delitos urbanísticos". En concreto se trata de los candidatos a la alcaldía de los municipios de Fines y de Cantoria, ambos en el Valle del Almanzora.
En este sentido y mediante un comunicado, el secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha considerado el hecho de llevar como cabezas de cartel a dos condenados por la justicia de una "enorme gravedad" y ha exigido al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y al presidente de los populares en la provincia, Gabriel Amat, que procedan “por decencia” a retirar de sus listas tanto al candidato a la alcaldía de Fines, Rodrigo Sánchez, como al de Cantoria, José María Llamas.
Inhabilitados
En esta línea, Conejo ha asegurado que “los vecinos de estos dos municipios no pueden estar representados por dos personas que han sido condenadas a penas de prisión por saltarse la ley”, a lo que ha añadido que “ambos candidatos están inhabilitados políticamente para hacer cumplir las normas ya que ellos mismos se las han saltado y han sido condenados por ello”.
El dirigente socialista considera “inaudito” que el PP esté a diario queriendo dar lecciones de limpieza política y, a la vez, “esté amparando que dos delincuentes vayan en sus listas”. “Si Moreno Bonilla no actúa de manera urgente, estará uniendo su futuro político al de estos dos condenados”, ha añadido.
Condenas
Francisco Conejo ha recordado que mientras que José María Llamas (actual candidato del PP en Cantoria y hermano del exalcalde Pedro Llamas) ha sido “condenado a prisión por construir, como promotor, varias casas sobre suelo no urbanizable”, en Fines, Rodrigo Sánchez optará a la alcaldía por el PP después de “haber sido condenado a 21 meses de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, por un delito contra la ordenación del territorio y desobediencia”.
El PSOE ha puesto todos estos hechos en conocimiento de la Junta Electoral para que determine la incompatibilidad de ambos candidatos para optar a las alcaldías de Fines y Cantoria. En todo caso, Conejo ha asegurado que “con independencia de lo que se dictamine, el Partido Popular no debería presentar a las próximas elecciones municipales desde el punto de vista moral y ético a estos dos candidatos”.
La responsable socialista de Política Municipal en Almería, Adela Segura, censuró días atrás la “hipocresía del PP” cuando pidió la renuncia del que fuera nombrado candidato socialista en Cantoria, Antonio Cerrillo por haberle sido incautada “una papela de cocaína en la puerta de un prostíbulo”, según los populares. Entonces, la dirigente socialista ya advirtió tras anunciar la renuncia de Cerrillo que el PSOE “no acepta lecciones de ética de un partido que tiene tan poco respeto por los ciudadanos”, refiriéndose ea los candidatos del PP en Fines y Cantoria.
Dos condenas por delitos urbanísticos y una por desobedecer una orden
Una de las condenas a las que se refiere el PSOE tuvo lugar en 2011. Se trata de la decisión del Juzgado de lo Penal de Almería de condenar a 24 meses de prisión a José María Llamas, candidato del PP en Cantoria, por construir 13 viviendas sobre suelo no urbanizable y sin licencia municipal y se le impuso, asimismo, el pago de una multa de 18 meses a razón de seis euros al día por la comisión del delito contra la ordenación del territorio.
En el caso de Fines, el actual alcalde y candidato del PP, Rodrigo Sánchez, fue condenado a finales de 2014 a 21 meses de prisión por obras en no urbanizable y desobediencia por realizar en una finca obras de desmonte y roturado sin autorización y desobedeciendo una orden expresa de paralización.
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