Una ley de memoria necesaria

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado 15 de septiembre una nueva ley de memoria. Este texto, que de momento es un anteproyecto que tiene que pasar aún por las Cortes, tiene el reto de superar a la ley que promulgó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y que 13 años después se ha visto que fue insuficiente. Este nueva Ley de Memoria Democrática cambiará de “apellido” y dejará de llamarse “histórica”, un término ambiguo, controvertido y que dio paso a malas interpretaciones. Es sin duda un acierto porque se trata de esto, de democracia.

El debate sobre la ley ha sido desde el primer momento fuente de disputas políticas entre los diferentes espectros políticos-ideológicos, muy alejados de la realidad y la madurez de la sociedad española, que difícilmente entendía que un dictador disfrutara de una lugar público de exaltamiento, o que sigue sin entender que haya decenas de miles de cuerpos, identificados o no, en fosas comunes y cunetas. Si uno se acerca a ese espejo deformado que son las redes sociales, o acude a una presentación de un libro relacionado con el tema, puede observar que el discurso gira en torno a las víctimas, a las que se utiliza de forma maniquea. Hace un tiempo tuve la ocasión de participar en unas jornadas en el que un espectador me espetó que los “memorialistas solo buscan poner los muertos encima de la mesa”. No entendí muy bien a qué quiso referirse exactamente, pero me motivó a reflexionar para qué sirve esto de la denominada “memoria histórica”. Y me llevó a centrarme en la búsqueda de las historias personales de la gente anónima, de aquella que había sufrido el horror de una guerra, la separación familiar, el exilio o la muerte. Me aparté de cualquier interpretación maximalista porque no llevaba a ningún lugar honesto ni útil, y buceé en aquellas pequeñas grandes historias que sucedieron en nuestro país, y fuera de él, no hace mucho tiempo. Ahí es donde aprendí para qué sirve luchar por la memoria de las víctimas y la importancia de contar las historias como un método de reparación.

Pero antes había que dejar claro algo que parece obvio, y es que la guerra deja víctimas en ambos bandos: tan víctimas son los derechistas asesinados en La Garrofa y los arrojados en los pozos de Tabernas, como los fusilados, encarcelados y expoliados del franquismo. Esto es algo que mucha gente parece obviar de forma deliberada, intoxicando así un debate que debería centrarse en la reparación moral y física de las víctimas. Pero tampoco es honesto tomar una posición equidistante respecto al debate sobre ellas, puesto que muchas fueron justamente reparadas (en muy diversos ámbitos) durante la dictadura, mientras que otras siguen aún, 81 años después, sepultadas y enterradas en fosas comunes.

Principal valor

Y es aquí el principal valor de esta nueva Ley de Memoria Democrática, que obliga al Estado a ocuparse de las exhumaciones de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Esta es una deuda histórica y uno de los debes de la Transición y la Democracia, que se olvidó de ellas por demasiado tiempo. Hay quien dice que llega tarde, y no le falta razón, pero hasta la muerte del dictador no se pudo empezar a buscar a todas las víctimas. Alemania tardó más de dos décadas en asumir su terrible pasado y Francia aún supura a causa del gobierno colaboracionista de Vichy. No llega demasiado tarde este debate, pero sí llega tarde la exhumación y la reparación de las víctimas por parte del Estado español.

Víctimas
Esta anomalía comienza a corregirse junto a otros aspectos, como es la anulación de los juicios sumarísimos de franquismo, juicios a todas luces injustos e ilegítimos y que provocaron un enorme dolor en millares de familias españolas. Las víctimas no son solo huesos y números, fueron personas con nombres y apellidos que merecen la dignidad de ser reconocidos. Muchos de ellos fueron llevados a ese monumento a la ignominia que es El Valle de los Caídos, que necesita urgentemente una resignificación y una explicación sobre cómo acabo siendo una gran fosa común y una última humillación para muchas de las víctimas allí depositadas.

Esta ley pretende ser más ambiciosa que la de 2007 en aspectos como el conocimiento de la represión física, social y económica; sobre el estudio de las minorías represaliadas, la necesaria perspectiva de género y la necesidad de inculcar los valores democráticos en la educación. No sé hasta qué punto podrá llevarse a cabo todas estas prerrogativas, pero ya sería un éxito si solamente fuera capaz de sacar a todas y cada una de las víctimas de la guerra y la dictadura que aún quedan en cunetas y fosas comunes. Será ahí cuando avancemos como sociedad y como una democracia consolidada.