En busca de los restos equivocados: Los cuerpos hallados en el cementerio no son de represaliados

Las fosas están donde se esperaba, pero en su interior ya no descansan los restos de las víctimas del franquismo. Hace mucho tiempo que dejaron de estar ahí. Dos semanas han sido suficientes para que los arqueólogos que trabajan en la exhumación de represaliados en el Cementerio de San José de Almería encuentren evidencias de que al menos dos de las cavidades han sido reutilizadas. 

Las dos fosas abordadas hasta ahora estaban perfectamente localizadas a partir de las coordenadas que aparecían en la inscripción de los fallecidos y también del testimonio de los familiares que las han visitado a lo largo del tiempo. Sin embargo, el equipo de arqueólogos ha comprobado en los últimos días, palada a palada, que los esqueletos existentes, a pesar de ajustarse a la franja de edad de los fusilados -entre 30 y 40 años-, fueron enterrados en ataúdes. Una práctica poco habitual en el caso de los represaliados. El hallazgo de restos infantiles ha reforzado la hipótesis de que las tumbas han sido removidas.  

Según el arqueólogo que dirige la intervención, Juan Luis Castro, a estas evidencias se suma un nuevo testimonio recabado hace cuestión de tres días. El de un enterrador que ha trabajado en el camposanto de la capital durante 45 años y con el que inexplicablemente nadie había contactado antes. “Nos ha informado de los movimientos que ha visto allí en ese tiempo y asegura que todas las fosas en tierra del primer recinto han sido desmanteladas en tres ocasiones como mínimo. Esos restos fueron sacados hasta finales de los 70 en distintos procesos y se fueron reutilizando las fosas”, apunta a LA VOZ. 

Imposibles de recuperar
Juan Luis Castro sostiene que los restos de los represaliados fueron sacados de sus fosas y arrojados al osario (lugar destinado para reunir los huesos que se sacan de las sepulturas a fin de volver a enterrar en ellas). “Lo mismo sucedió con todos los restos que se encontraban en tierra en el primer recinto. Su recuperación es imposible”, sentencia. 

Lo extraño del caso es el hecho de que no exista constancia documental de esa reutilización de las fosas. “Debería haberse certificado que fueron desmanteladas. Ahora vamos al Cementerio de Cádiz, que tiene el mejor archivo de España, y la documentación recoge todas las inhumaciones y los realojos que se han producido, de modo que sabemos que sólo podemos abordar entre 9 y 14 fosas. Ellos sí tienen la información que hemos podido cotejar”, dice el arqueólogo.

En este sentido, el representante de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Almería, Rafael Salazar, recuerda que el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria del 74 establece la exigencia de autorizaciones  para acometer cualquier tipo de exhumación. 

“En vez de habernos mareado y dado largas, el Ayuntamiento nos tenía que haber trasladado los documentos que tuviese. Aunque da la impresión de que la Corporación actual no lo conocía, por lo que estaríamos ante una práctica de falta de respeto a las personas enterradas en el cementerio de Almería. Cabe pensar que esa práctica de atentado a la memoria ha sido sistémica, pero de momento es una hipótesis”, añade Salazar.

Por su parte, el concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, calificó ayer esta situación en la SER como “un escándalo y un error de bulto”. “La Junta ha tenido mucha prisa en hacerse una foto con unos restos mortales que ahora resulta que no son los que ellos decían, colocándoles una bandera republicana y llegando hasta el mayor de los esperpentos”, subrayó.

Las familias
La peor parte se la llevan las familias de los represaliados que empezaban a albergar cierta esperanza después de décadas de búsqueda. “Ha sido un jarro de agua fría, sobre todo porque sus seres queridos no sólo fueron fusilados, sino que sus tumbas han sido profanadas y sus restos vejados. Es una vergüenza”, denuncia el arqueólogo.

Desde la Junta se ha encargado un informe que corrobore la teoría de la remoción de las fosas. Los resultados se dan a conocer hoy jueves. “Eso nos va a servir para poner sobre la mesa uno de los primeros derechos de las víctimas, el derecho a la verdad”, concluye Rafael Salazar.