Suprimir las Diputaciones en España

El  debate sobre la  abolición de las Diputaciones ha producido el mismo estupor que si viéramos un corral de  vacas en nuestro tejado. No  están  las cosas  como para entendernos en medio de una investidura imposible y una miope  cerrazón de los  partidos que para salvarse  practican el teatro del absurdo y la tranca en la puerta.  Ciudadanos  ha introducido en el pacto  con el PSOE  un 80 por ciento de las condiciones exigidas. Por lo tanto  al centro  derecha  deberíamos  culpar por esta determinación. Pero también  el PSOE  tiene  sus detractores.  Rubalcaba intentó  suprimir las Diputaciones a pesar de que el socialismo controla 18 de las  38 Diputaciones de régimen común todavía en España. El problema  en realidad  es bien sencillo. Se trata de saber si  aún es  útíl el corsé  de nuestras  abuelas, un instrumento  que convertía en cintura de avispa  sus enormes barrigonas. Salvo algún  caso raro ya no hay mujeres  barrigonas. Ya no hace falta el corsé. No quisiera ofender a los funcionarios que durante tantos  años han defendido honestamente su bien ganado puesto en la entidad. Ya sé que no es fácil el distanciamiento  emocional  para entender fríamente el problema. Nada más publicarse la noticia del pacto, han surgido las falanges defensoras recordándonos lo  mucho que hacen las Diputaciones  en auxilio de los pueblos pequeños, desde llevarles el agua de beber hasta presidir  la procesión del patrón. Un  ente anterior al franquismo  y a la Transición y en convivencia con las nuevas estructuras autonómicas  quizá  necesite  una mano de pintura, una modernización en toda regla, como dice Susana Díaz. Hay dos cuestiones cruciales: Una, saber si la gran maquinaria funcionarial obedece ya  a  necesidades  reales que no  puedan ser remediadas  por consejos provinciales de alcaldes u otras instituciones   parecidas.  Dos: en  esta hora de apretarse el cinturón, cuando tanto discutimos los gastos del Estado y el sueldo de los diputados, es lógico que se miren  los ahorros.  Se habla de unos 5.OOO millones lo que supondría para el erario público la supresión de las Diputaciones. Ha surgido  otra cuestión a raíz de la negativa del PP y es saber  si sería constitucional esta exigencia del pacto. Vamos a esperar a  ver qué ocurre con  la investidura de Sánchez y luego hablamos.