El sistema público de pensiones se ha puesto de nuevo en el epicentro de la discusión política. En este sentido, hay que enmarcar lo ocurrido hace unos días en el Congreso de los Diputados. Una mayoría de diputados firmó una propuesta para subir las pensiones el año que viene acorde con la inflación prevista. Concretamente, la proposición pide que las pensiones suban un 1,2 por ciento en lugar del 0,25 por ciento que prevé la ley. Además, exige que si a lo largo del año la tasa de inflación supera ese nivel, las pensiones se adecúen a esa nueva tasa. Los firmantes solicitan también que se suba el salario mínimo y que si las cotizaciones sociales no llegan, se eche mano de los impuestos.
Es curioso que los que ahora plantean esta subida son los mismos que hace apenas unos meses se quejaban de que se estaba acabando con la hucha de las pensiones, que apenas tiene para un mes de pagas, o de que el agujero de la Seguridad Social era inmenso. Quizá por ello apelan a la subida de los impuestos para cubrir esta subida. No parece importarles tensionar aún más las cuentas públicas o subir los impuestos penalizando la inversión, la creación de empleo y el ahorro.
Lo importante para poder mantener las pensiones públicas en los niveles actuales es la creación de empleo y la recuperación de la renta de los trabajadores. El gobierno está convencido de que en 2020 habrá trabajando 20 millones de personas y este hecho será lo fundamental para que el sistema pueda cumplir las expectativas. En todo caso, y siendo esto verdad, puede serlo a corto plazo. No está tan clara que se puedan cumplir a medio y largo plazo, cuando el número de pensionistas no deje de subir y el número de trabajadores se estanque por la propia demografía. Sin ninguna duda, habrá que hacer modificaciones sustanciales y veremos si los políticos lo abordarán.
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