Analicemos los pasos dados por el Gobierno. Lo primero ha sido esperar a que los separatistas sediciosos consumaran el golpe parlamentario que les ha permitido aprobar las leyes que inician el proceso de ruptura con el resto de España. Consumado el atropello, el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado, las recurrió ante el Tribunal Constitucional. Admitido el recurso, automáticamente quedaron suspendidas. También la Fiscalía General inició querellas criminales contra quienes han participado en dichos actos ilegales. Aún así, los sediciosos, proclaman estar dispuestos a seguir con su agenda secesionista.
En paralelo, el Presidente del Gobierno, compareció ante la opinión pública para reclamar a las autoridades catalanas sediciosas que den marcha atrás en su deriva separatista. Al tiempo, reiteró que el referéndum no se celebrará. Tras conocerse las medidas adoptadas por el Ejecutivo -que cuentan con el respaldo del PSOE (Pedro Sánchez) y de Ciudadanos ( Albert Rivera)- se han escuchado voces que reclaman a Mariano Rajoy una mayor contundencia con los sediciosos. Echan de menos la aplicación de medidas coercitivas explícitas: aplicación del Artículo 155 de la Constitución, incluso declarar el estado de excepción en orden a lo dispuesto en el Artículo 55 -para los que sería preceptivo la aprobación del Parlamento- o, sin llegar a un extremo tan dramático, firmar el decreto que al amparo de la Ley de Seguridad Nacional pondría a todas las autoridades catalanas y todos los recursos del Estado a disposición de hacer cumplir las medidas establecidas.
En su intervención, Mariano Rajoy dijo que no descartaba nada. Pero no pasó de ahí. Parece haber tomado nota de las impaciencias de algunos, pero también del subido carácter provocador de los sediciosos. La prudencia le aconseja esperar. ¿A qué? Probablemente a ver cómo transcurre la "Diada". Dadas las circunstancias, este año la manifestación del 11 de Septiembre tendrá un definitivo carácter plebiscitario. Los separatistas van a echar el resto. La calle es la variable que teme todo Gobierno. Aún así, pase lo que pase en Barcelona el lunes, tengo para mí que esta vez, a diferencia de lo que pasó el 9-N, el Presidente del Gobierno cumplirá con su compromiso de impedir la celebración de un referéndum, a todas luces, ilegal.
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