Presos políticos

El sentido común dicta que la única salida para quien se ha metido en un callejón sin salida es dar marcha atrás. Tan sencillo principio, de momento, parece que no reza para los dirigentes políticos separatistas que tras ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional y liquidar el "Estatut" están empujando a los funcionarios catalanes a un escenario de desafío a la legalidad vigente que necesariamente tiene que tener consecuencias penales. En un Estado democrático en el que las leyes han sido aprobadas por un Parlamento legítimamente elegido por los ciudadanos y el ordenamiento institucional respeta la separación de poderes, si alguien infringe la ley, es un delincuente. En España no hay presos políticos.
Digo esto porque así que han empezado a ver las orejas al lobo (querellas de la Fiscalía de Cataluña contra los principales actores del proceso sedicioso: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de miembros del "Govern" más Carme Forcadell y varios miembros de la Mesa del "Parlament"), algunos medios ya empiezan a deslizar la idea de que en la Unión Europea "no puede haber presos políticos".
Vamos que, aunque los citados son responsables de un proceso de sedición en toda regla, una auténtica cumbre de deslealtad democrática.... pelillos a la mar. Cuenta nueva. Que no sea la hora de la justicia; que sea la hora de la política. Como si no hubiera pasado nada. La cumbre del cinismo.
De manera meliflua, algunos de los propagandistas que en 2009 redactaron el insólito editorial publicado de manera conjunta por todos los medios catalanes -no se recordaba nada parecido desde los tiempos de la dictadura franquista y la Prensa del Movimiento- ya están creando el clima para evitar la sanción. 
Como si la convocatoria (ilegal) de un referéndum o aprobar una ley de "desconexión" con España hubiese sido una simple astracanada. Se han saltado la Constitución y se han cargado el "Estatut", pero como si no hubiera pasado nada. Pero ha pasado. Y es sancionable. Cúmplase, pues, la ley.