Aunque no comparece entre las preocupaciones que los españoles confiesan en los sondeos de opinión, la reforma de la Constitución está estos días en boca de políticos y catedráticos expertos en Derecho constitucional. No es una rareza. La opinión publicada suele preceder a la opinión pública e incluso la orienta o la determina.
En el caso de la reforma de la Carta Magna nos hallamos ante un clásico. Tanto que ya había quien hablaba de la necesidad de reformar determinados aspectos de la misma (el Título VIII, el que se refiere a las Autonomías, se llevaba la palma) en los lejanos días de 1978 en los que fue aprobada.
Quiero decir con todo lo anterior que no debe cundir el pánico. Que pedir la reforma de la Constitución no equivale a estar en contra de la misma y que no es lo mismo una revisión, pongo por caso la que propone el PSOE orientada a consagrar una España ordenada en términos de régimen federal, que la que lleva en la mochila Pablo Iglesias que contempla la apertura de un proceso constituyente que si, de Podemos dependiera, culminaría con una consulta acerca del modelo de Estado.
Esa posibilidad, la que supondría abrir el melón constitucional en términos de total incertidumbre política (al final el juego llegaría a plantear el dilema entre Monarquía o República) tengo para mí que explica la renuencia de Mariano Rajoy a plantear la sola posibilidad de poner en marcha una reforma.
Desde luego aclara el porqué convirtió el pacto alcanzado con Pedro Sánchez (a cambio del apoyo del PSOE a la aplicación del Artículo 155 para frenar la deriva separatista de Cataluña), en un acuerdo para "hablar" de reformar la Constitución cuando el líder socialista creía haber alcanzado un pacto para "reformar" la Carta Magna.
Van en el mismo sentido las posteriores condiciones explicitadas por Rajoy al decir que en ningún caso aceptaría que se rompiera la soberanía nacional; que la reforma no podría hacerse por mayoría simple y que lo importante es que cada uno diga qué es exactamente lo que hay que reformar. Todo lo cual se resume en una sola idea: el PP no tiene la menor intención de abrir el melón. No es fruta de otoño.
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