Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal

Frenesí en el Ejecutivo. Saben que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Y todo indica que al Gobierno, embarcado en aventuras cuestionables derivadas del necesario combate al desvarío secesionista, son muchas las cosas que presumiblemente le saldrán mal, es decir, nos saldrán mal a todos nosotros. Los editoriales de los medios no han sido compasivos con el equipo de Mariano Rajoy, que osó ‘desafiar’ al Consejo de Estado recurriendo ya contra la futura investidura de, probablemente, Puigdemont. O sea, que hay muchas incertidumbres en el panorama: ¿será Puigdemont el único candidato a la presidencia de la Generalitat? Y, llegado el caso, ¿cómo se vota la investidura y cómo se concreta? ¿Telemáticamente? Imposible. ¿Se colará clandestinamente en el Parlament para ser investido, tras entrar subrepticiamente en España? ¿Se plantará de pronto a la puerta del Parlament, parta ser detenido ante las cámaras de las televisiones de medio mundo? Y antes de eso, ¿admitirá el Alto Tribunal el recurso del Gobierno, lo rechazará? Todas las hipótesis provocan sudores fríos al Gobierno, que se empeña en ofrecer una imagen de calma, como si nada pasase. Pero van a pasar muchas cosas de aquí al próximo miércoles. Y buenas para el Estado, temo que pocas.
Pasan cosas. Vaya si pasan. Pasa que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está dando una idea de precipitación en lo legal, inadmisible en un equipo de abogados del Estado, y de total ineficacia en la comunicación, que es mal crónico en los planteamientos de nuestros políticos. Hay guerra entre sectores de la comunicación en La Moncloa, hay guerra entre los ministros, hay intentos de lapidación -creo que no muy justa- a la vicepresidencia del Gobierno y hay guerra entre Mariano Rajoy y algunos de sus asesores. Y así nos encontramos con una precipitada convocatoria de Sáenz de Santamaría a la prensa para anunciar un recurso contra una sesión de investidura que aún no se ha celebrado. Un paso no recomendado por el máximo órgano consultivo en política, el Consejo de Estado, que se ha visto obligado a discrepar públicamente de lo hecho por el Ejecutivo tratando de paralizar por la vía de los tribunales la investidura futura de Puigdemont.