Volver a las andadas

Vemos en el pleno convocado por el independentista presidente del Parlamento catalán una vuelta a las andadas. De carácter deliberante, menos mal. Si no, estaríamos ante un supuesto de desobediencia al Tribunal Constitucional que ya ha establecido que el candidato a ser investido debe estar físicamente presente y, si está encarcelado, debe contar con el correspondiente permiso judicial.

Las proposiciones apoyadas por los tres grupos independentistas (JxCAT, ERC y CUP) reclaman para Puigdemont, Sánchez y Turull, después de sus respectivos intentos fallidos, el derecho a intentarlo de nuevo. Es decir, el derecho a ser candidatos a la presidencia de la Generalitat aunque estén encarcelados. Pero lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. No solo porque lo impida el TC y el TS. También los letrados de la Cámara dictaminaron en dos ocasiones que las investiduras “telemáticas” o por personas interpuestas no encajan en el marco legal.

Puigdemont ya había renunciado a favor de Sánchez. Y Sánchez, desde la cárcel, ya había anunciado que incluso renunciaba al acta de diputado. Lo de Turull se consumó en primera votación, pero la abstención de los “anticapitalistas” de la CUP le dejó en minoría ¿A qué viene, entonces, esta vuelta a las andadas del bloque secesionista?

Viene del doble chute de adrenalina que  le han proporcionado la movilización callejera contra los encarcelamientos y la admisión a trámite de una queja de Jordi Sánchez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los dos elementos forman parte de las previsiones en la hoja de ruta del secesionismo. Uno es la “internacionalizacion del conflicto”. El otro, la movilización de la sociedad civil si falla la política.

Los dos tienen su reverso. La movilización callejera es a ojos del juez una forma de reiteración delictiva en el enjuiciamiento de un delito básicamente colectivo. Es decir, perjudica a los trece procesados. Y en cuanto a la tramitación de la queja, se oculta que el Comité se ha limitado a pedir a España que aporte su versión en un plazo máximo de seis meses y, mientras tanto, que garantice los derechos políticos de Sánchez. O sea, como los carteles que recuerdan que está prohibido cruzar las vías.