Dos días claves en el mes de mayo

Dos fechas en el mes de mayo marcan el horizonte de la política española. Los días 7 y 22. Si a requerimiento de Ciudadanos, antes del 7 de mayo, Cristina Cifuentes no ha dimitido, en la Asamblea de Madrid se votará la moción de censura presentada por el PSOE para destituir a la presidenta de la comunidad. La otra fecha señalada es el 22. Ese día, de no haberse formado un nuevo gobierno en la Generalitat, quedaría disuelto el Parlament y habría que proceder a celebrar nuevas elecciones. Bajo esas circunstancias y en plena vigencia el Artículo 155 de la Constitución, correspondería a Mariano Rajoy convocar los comicios que, de acuerdo con la Ley Orgánica que rige el Régimen Electoral General tendrían lugar 54 días después.

 El 15 de julio, fecha que en el santoral católico se honra la memoria de San Buenaventura, podría ser el día señalado. Ambos procesos, el de la posible repetición de las elecciones en Cataluña y de la segura moción de censura en la Asamblea de Madrid están sometidas a un imperativo condicional. La moción decaerá si Cristina Cifuentes dimite y en Cataluña no habrá que repetir los comicios sí los diputados separatistas, proponen un candidato para presidir la Generalitat que no esté incurso en procedimientos judiciales y forman el nuevo “govern”. En ese mismo momento dejaría de estar en vigor el Artículo 155.

 En sentido contrario, en ambos procesos, sería Mariano Rajoy el responsable último de tomar las decisiones para desbloquear la situación. En el caso de Cifuentes persuadiéndola para que renuncie al cargo -escenario que según fuentes monclovitas genera gran incomodidad. Lo de Cataluña le resultaría de menor coste emocional. En definitiva, sería activar el automatismo previsto en la ley. En cualquiera de los dos escenarios, la situación genera un estrés considerable. En términos políticos porque en el caso de Madrid es mucho lo que está en juego. Nada menos que retener o perder el poder en la comunidad dónde radica el centro político de España. Y en el caso de Cataluña porque la apuesta de los separatistas prolongando las maniobras para investir a candidatos sometidos a procesos judiciales es un desafío, uno más, al Estado democrático.