Prioridades ante el cambio político

La moción de censura votada el pasado viernes es, en opinión de CCOO, consecuencia del profundo deterioro político e institucional al que nos ha llevado la política y las formas de ejercerla que ha practicado el PP en estos años: un crecimiento económico a costa de los salarios, las pensiones y las prestaciones y servicios públicos que ha afectado a la mayoría de la población y que ha generado mayor desigualdad, la inacción política ante problemas tan graves como el de Catalunya, la prepotencia y el autoritarismo, además de la corrupción, que lejos de ser aislada y coyuntural se ha manifestado como generalizada y estructural. 

La aprobación de la moción de censura, constitucional y legítima, abre un tiempo nuevo en la política nacional. Con la constitución del nuevo Gobierno se iniciará una nueva etapa que, por una parte, genera grandes expectativas para todas y todos aquellos que anhelamos un giro social en la acción de gobierno y, por otra, va a ser compleja de gestionar. El discurso del ya presidente en la presentación de la moción de censura anima la esperanza, pero las condiciones en las que se han fraguado los apoyos y la fragmentación de los mismos, las previsibles estrategias de quienes han perdido la moción, así como la escasa duración del mandato, aunque éste se agotase, hacen pensar en que las cosas no serán fáciles. Si no se impone la responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas podemos pasarnos todo el tiempo en los “rifirrafes” paralizantes de una precampaña electoral anticipada. 

 De hecho, el compromiso de Pedro Sánchez con los PGE del PP y con los términos de Plan de Estabilidad para España (2018-2021), que es entendible desde el punto de vista de la emergencia política, hace presagiar pocos cambios en la política económica. Recordemos que el compromiso de llegar a un superávit del 0,1% en 2021 reduciendo el gasto público hasta el 38% del PIB, supone todo un programa de ajuste. Decíamos que estos presupuestos son los de la resignación y lo mantenemos.

Instamos al nuevo Gobierno a ampliar los márgenes pensando ya en los próximos PGE. La política de ingresos se antoja decisiva para buscar una política fiscal más expansiva y a la vez más igualitaria. Cuestiones como las pensiones, la recuperación de la calidad de los servicios públicos, la dotación suficiente para las políticas de empleo que afronten el reto de la digitalización de la economía y las necesidades de cualificación permanente, por citar algunos ejemplos, requieren corregir la política fiscal de los últimos años.

Mientras se acometen esos cambios en la asignación de recursos desde el sector público, instamos a acometer cambios del marco normativo. El actual modelo de crecimiento económico sin reparto equitativo es producto de reformas estructurales diseñadas para conseguir la devaluación interna. Su mantenimiento supone un lastre para la recuperación salarial, la garantía de calidad futura del sistema de pensiones y en general, del conjunto de políticas redistributivas en el país. Abordar modificaciones sustanciales en la legislación del mercado laboral, las pensiones, la dependencia, la igualdad salarial, la salud y seguridad en el trabajo, etc., caben en los estrechos márgenes en los que va a actuar el Gobierno de Pedro Sánchez.

 CCOO sigue instando al diálogo entre los agentes sociales para abordar las cuestiones socioeconómicas. Apostamos por un acuerdo salarial y sobre la negociación colectiva que suponga recuperación de poder adquisitivo de los salarios y una significativa mejora de los más bajos, así como medidas efectivas para combatir la precariedad laboral. Instamos a las organizaciones patronales a asumir su papel como agentes sociales y a salir del ventajismo que les da la reforma laboral del PP, suscribiendo un nuevo AENC para los próximos años que dé garantías a la negociación colectiva y estabilidad al crecimiento con reparto al que aspiramos. Entre tanto, las movilizaciones previstas con la finalidad de animar la negociación y el acuerdo se mantendrán.