La sentencia que no quieren escuchar

Cuando Susana Díaz anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, justificó su decisión en el deseo de centrar el debate en Andalucía y evitar así una larga campaña electoral. Un gesto en apariencia noble que buscaba en su argumentación la defensa de la solidez institucional por encima del interés personal. Pero lo que no dijo la presidenta es que adelantar las elecciones le evitaba tener que asumir la comisión parlamentaria sobre los pagos con tarjetas oficiales de la Junta de Andalucía en varios prostíbulos y, sobre todo, la sentencia de los ERE, que podría caerle encima en plena campaña electoral, como el pedrisco que arruina la cosecha. Y es que la cosa pinta mal. El fiscal ha expuesto ya sus conclusiones, en las que acusa de prevaricación y malversación a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 19 ex altos cargos de la Junta. En concreto, solicita diez años de inhabilitación para varios de los acusados por un delito de prevaricación, entre ellos Chaves, y seis años de prisión y 30 de inhabilitación para otros como Griñán por supuesta prevaricación y malversación continuada. Habrá que ver qué medidas toma ahora la defensa, pero parece evidente que el resultado del juicio de los ERE no va a dejar en muy buen lugar a los acusados, a los que colaboraron estrechamente con los acusados y al partido en el que todos los acusados militan o han militado. Y eso es lo que en realidad ha intentado evitar Susana Díaz adelantando las elecciones. Pero al margen de las consecuencias penales para alguna persona concreta, quizás lo más relevante sea la radiografía del saqueo institucional que ha permitido burlar la ley en beneficio del PSOE, limitando y condicionando negativamente el desarrollo potencial de la región que están gobernando. Esa es la sentencia que Susana Díaz no quiere oír.