Vivir para ver. Era impensable que un presidente del Gobierno de España pudiera aceptar la presencia de un “relator externo” -cumpliendo funciones de notario- en sus conversaciones con representantes de otros poderes del Estado. Pero estamos en trance de verlo. Era una de la veintena de exigencias de Quim Torra, presidente de Generalidad de Cataluña, y le ha sido concedida. No hay precedentes de una claudicación semejante. Un triunfo para los independentistas. Un triunfo político que los dirigentes catalanes incorporarán a su conocido relato de supuestos agravios como prueba fehaciente de que les asiste la razón al reclamar negociaciones con “el Estado español” de tú a tú, en un mismo plano de igualdad. Al trascender la noticia -filtrada desde Barcelona-, uno de los barones regionales del PSOE, Emiliano García-Page, se ha apresurado a señalar que semejante iniciativa crea expectativas a los separatistas. En similar registro de perplejidad hemos podido escuchar a la diputada Soraya Rodríguez, en tiempos portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Otros dirigentes permanecen en un silencio que habla de la cercanía de las elecciones de mayo y lo abiertas que están todavía las listas para esos comicios.
A medida que transcurre el tiempo y Pedro Sánchez con tal de alargar su estancia en La Moncloa va ofreciendo muestras de estar dispuesto a ceder a los requerimientos de los partidos separatistas cobra sentido la razón por la cual en su día los notables del Partido Socialista le empujaron a la dimisión. Recelaban del personaje, pero calcularon mal su capacidad de resistencia y, sobre todo, el calado de su ambición de poder.
Si hace siete meses aceptó el apoyo de Pablo Iglesias pese a que el líder de Podemos había sido implacable en sus críticas al PSOE -”el partido de la cal viva” y ahora pacta con Quim Torra, a quien él mismo había llamado el “Le Pen español”, nadie sabe a qué podemos enfrentarnos mañana como consecuencia de sus maniobras para alargar la legislatura.
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