Sin gestión no hay reconstrucción

Conseguido el Plan de Reconstrucción europeo para España con 140.000 M € y cadencia de 20.000 M €/año, y si se incluyera el programa sobre vivienda pública y rehabilitación que quien suscribe propuso (La Voz 27/julio), procedería resolver la gestión que lo haga posible, disposición siempre compleja en España, aún más para un programa público de esta trascendencia.

Previamente debe dimensionarse su amplitud en función de las demandas sociales y de los recursos económicos disponibles derivados del fondo europeo conseguido.

Considerando que la demanda endógena de primera vivienda en España en etapas de estabilidad alcanza aproximadamente las 250.000 viviendas/año, parece prudente acotar inicialmente para su financiación con cargo al Plan un 10 % aproximado de la misma, 25.000 vivs./año destinadas a vivienda pública en arrendamiento social, cantidad aparentemente ambiciosa pero deseable si queremos iniciar la consecución de la media europea de 65 viviendas sociales/1.000 habitantes, remitiendo la cuantificación y financiación del programa de rehabilitación a los presupuestos públicos ordinarios al no generar vivienda nueva.

Obviamente, la ejecución de este programa presenta dos vertientes: la suficiencia de recursos públicos y la gestión aplicable.

1ª).- Referente a su financiación, cabe estimar la siguiente distribución interadministrativa a definir mediante pacto de Estado: 

a). Distribución al 50 % entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas: 12.500 vivs./año para cada administración.

b). Aportación por los Ayuntamientos, a coste cero, de los suelos urbanizados ya obtenidos mediante la gestión urbanística para su edificación inmediata, a saber: los demaniales calificados para dotaciones públicas con destino a las innovadoras “viviendas dotacionales” y los derivados del proceso de participación pública en las plusvalías con destino a las tradicionales  “viviendas protegidas”, modificando, en caso necesario, la legislación urbanística para optimizar sus procedimientos de gestión (actuaciones de dotación, complejos inmobiliarios …)  en aras de satisfacer el principio básico  del justo reparto de cargas y beneficios.

Estimando un coste medio de ejecución por vivienda nueva de 80.000 €, la inversión global ascendería a 2.000 M €/año (1.000 M €/año  para cada administración, 59 M €/año para cada Comunidad), importe que supone un 10 % de la cuota anual del Plan de Reconstrucción (20.000 M €/año), cuota perfectamente asumible en el montante total del Plan.

2ª).- Asimismo, procede determinar la modalidad de gestión que garantice la ejecución de este programa, aún más complejo por causa de su dispersión territorial.

Obviamente, su distribución espacial por España inhabilita la gestión única y  centralizada por instituciones preexistentes de gran escala y amplio espectro (sociedades estatales o autonómicas), pues su gestión eficaz exige la disposición de entes y sociedades de gestión de dimensión acotada,  próximas a cada promoción y, para ello, los ayuntamientos y municipios se manifiestan como bases institucionales y territoriales  idóneas, además de propiciar una positiva diversificación entre las PYMES inmobiliarias locales y regionales muy deseable, tanto en términos socioeconómicos como de generación de empleo.

Por otro lado, las sociedades de gestión macro, sin perjuicio de que ejecuten alguna operación singular, deberán ejercer la coordinación financiera y directiva de las diferentes operaciones mediante la suscripción de convenios interadministrativos ad hoc, pero la concreta gestión y ejecución de estas promociones deberá residenciarse en instituciones públicas y privadas implantadas en el ámbito local o comarcal.

En fin, confiemos en la lucidez de nuestra administración y haciendo de la necesidad virtud, sea capaz de aprovechar esta crisis para iniciar la creación de un parque público estable de vivienda en alquiler social inédito en la historia urbana española,  patrimonio que nunca debió abandonar.