El estado de Alarma de seis meses se ha quedado desfasado en seis días. El avance de la pandemia que no reconoce las fronteras regionales ha convertido en papel mojado el decreto con el que Pedro Sánchez creía haber trasladado a las CCAA toda la responsabilidad en la gestión de la crisis sanitaria. Una crisis que está llevando al límite los recursos de los hospitales para hacerse cargo de pacientes infectados por el covid 19 y de otros con diversas patologías, algunas de ellas de alto riesgo.
Ante el crecimiento exponencial de los contagios algunos gobiernos regionales han adoptado nuevas medidas restrictivas. Dos de ellos, Asturias y Melilla, han pedido al Gobierno que decrete un confinamiento total como en el pasado mes de marzo. Sus presidentes han cumplido con el trámite que en su día expuso Sánchez en el Congreso para activar este mecanismo. En España la Sanidad está transferida a las comunidades autónomas pero la ley dice que cuando se trata de una pandemia que afecta al conjunto del país, la responsabilidad recae en el Gobierno. Para sorpresa de los peticionarios, el ministro de Sanidad ha rechazado la petición arguyendo que las medidas tomadas hasta la fecha estaban dando resultado. Semejante respuesta, por cierto, expresada, en un tono inusualmente áspero- ha desconcertado a propios y extraños. El Gobierno navega y salta a la vista que adolece de criterios solventes en los que apoyar algunas de sus decisiones.
Con el decreto de Alarma de seis meses Sánchez se quitó del medio endosando la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas pero sin precisar el alcance de las atribuciones que les otorgaba la llamada “cogobernanza”. Por eso, cuando acuciados por el incremento de los contagios y la elevada ocupación de camas hospitalarias y de UCIS, Adrián Barbón, presidente de Asturias, ha tenido que llamar a Madrid para confinar el Principado se ha encontrado con el portazo del ministro Salvador Illa, el hombre que actúa de fusible para evitar que la mala gestión de la pandemia abrase el crédito político de Pedro Sánchez. La petición del presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha corrido la misma. También el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pide nuevas medidas.
El Gobierno no sabe qué hacer con la pandemia pero son conscientes del desgaste político que aparejaría elevar el grado del actual estado de Alarma volviendo al confinamiento domiciliario. Por eso, mientras Macron en Francia, la señora Merkel en Alemania, Johnson en el Reino Unido y Conte en Italia han tomado medidas drásticas, aquí, Pedro Sánchez está ausente. No quiere quemarse. Quiere lo mejor del poder -los fastos, el oropel, la vanidad-, pero huye de su servidumbre: el sacrificio personal, la responsabilidad que en ocasiones obliga a tomar medidas impopulares.
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