Inseguridad jurídica y burocracia infinita

Esta semana ha sido clave para la Ley más importante de un país. Los Presupuestos Generales del Estado pasaban un trámite crucial. El propio presidente el Gobierno nos ha dicho estos días que a él las únicas siglas que le importaban eran las de los PGE. Sin embargo, a pesar de lo dicho y su importancia, el Ejecutivo se ha empeñado en que, prácticamente, haya pasado sin pena ni gloria. Habrá que hacer encaje de bolillo para saber al final cómo quedan después de las enmiendas aprobadas. Y también lo que se ha quedado fuera, porque han sido asuntos importantes para muchos grupos. Entre ellos, las mujeres, los niños y ancianos, las peluquerías y tantos otros. Pedro Sánchez, La Moncloa, nos tiene tan acostumbrados a cambiarnos el paso que, todos estos días en el Congreso, --por cierto, hasta horas intempestivas e imposibles para conciliar-- ha logrado montarse reuniones, peleas con su socio Iglesias o planes propagandísticos, quizás para que no nos fijemos en lo importante. Lo mollar es que estas cuentas suben los impuestos, gastan como si no hubiera mañana y cuenta con unos fondos europeos de los que aún no sabemos nada. Son, como ya han dicho numerosos expertos, inadecuadas para la situación que viven muchas empresas, muchos sectores y miles y miles de trabajadores. Unos presupuestos que agravarán la crisis económica que ya vivimos y que dejarán un déficit y una deuda inmanejables. No hay un plan o el que hay es catastrófico. La insoportable burocracia administrativa o la inseguridad jurídica que van a crear con decretos como el de la prohibición de los desahucios o con las bravuconadas de asfixiar a Madrid son torpedos que van directos a minar la confianza en España y por tanto afectarán a las inversiones y a la generación de riqueza. 

porciones incalculables que revertir va a llevar tiempo.