El viernes 18 de noviembre intervino en el Congreso en unas jornadas sobre víctimas de la transición organizadas por Podemos Francisco Mañas, aquel niño que en la mañana del 10 de mayo de 1981 y mientras tomaba su Primera Comunión en la Iglesia de San Indalecio en Pechina le respondió al sacerdote que oficiaba la ceremonia que solo le pedía a Dios que apareciera su hermano.
Mientras que aquel niño estaba en la iglesia, a apenas treinta kilómetros de allí, el cadáver carbonizado de su hermano permanecía acribillado a balazos en el terraplén de una curva en la carrera de Gérgal junto a los de Luis Cobo y Luis Montero. Después de una noche de tortura y crueldad infinita, los cadáveres de los tres jóvenes del Caso Almería esperaban en medio de la llovizna y el humo a ser rescatados de entre los hierros del Ford Fiesta en el que fueron acribillados y quemados. El silencio que les acompañaba solo era el preludio estremecido del estruendo que a las pocas horas acabaría produciendo aquella orgía de sangre y barbarie comandada por un teniente coronel enloquecido y por unos agentes que todavía no han tenido el honor de contar la verdad para que los tres asesinados puedan descansar en paz.
Esa mañana de hace quince días el espanto de aquella madrugada volvió a sonar en el Congreso.
Quienes frecuentan estas Cartas conocen cuál es mi opinión sobre aquella barbarie. La complicidad de parte del aparato del Estado con quienes la llevaron a cabo, la impiedad con que se comportaron con las víctimas y sus familiares los asesinos, la inexplicable actuación judicial que siguió a los hechos, la levedad de las consecuencias penales que se derivaron de los mismos, el trato de favor con que cumplieron las penas impuestas y la pasividad con que muchos almerienses contemplaron lo sucedido valorándolo desde la indiferencia o la comprensión inicial parapetada en la obscenidad moral del “algo habrán hecho” son realidades que nadie ha podido desmentir.
Pero llegados a este punto no hay por menos que considerar un disparate la pretensión de Podemos de calificar como víctimas del franquismo los tres asesinatos. En su intento de utilizar cualquier munición, sea o no averiada, para desprestigiar la transición y la Constitución. Podemos proyecta el franquismo hasta donde haga falta.
El camino recorrido de la dictadura la democracia no fue un proceso perfecto. La historia está llena de sombras y aquel periodo, tan improvisado a veces y tan audaz otras, no carece de zonas de penumbra. Ninguna dictadura se derrumbó nunca sin dejar rastros indeseables en la compleja arquitectura de cualquier Estado. Pero esos desfiladeros donde buscaron y encontraron acomodo los residuos del antiguo régimen no son el camino por donde transita la verdad de un modelo de cambio en el que las luces superan de forma abrumadora a las sombras.
La rabia de aquel niño que vio con espanto como la barbarie convirtió la felicidad de un día de comunión en un funeral trágico es comprensible. La pretensión de quienes pretenden desprestigiar la transición, el proceso constituyente y el gobierno democráticamente elegido el 15 J del 77 solo es una estrategia para sostener la necesidad de derrumbar el “Régimen del 78” como despectivamente califican al periodo de mayor progreso y democracia en la historia de España del que, ay, ellos no fueron protagonistas. Por mucho que lo intenten la democracia en España no empezó con la acampada del 15 M, comenzó un mes más tarde, el 15 pero de 1977.
Desde la muerte del dictador, los comportamientos de Suárez, Fernández Ordoñez, Pérez Llorca, Landelino Lavilla y Manuel Clavero en el gobierno, o Gómez Angulo, Fausto Romero, Ramón Ponce o Pepe Fernández Revuelta como representantes de aquel gobierno en Almería siempre fueron democráticos y, quien lo niegue, es un cínico con premeditación o un imbécil con título.
Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero no fueron asesinados ni por el franquismo ni en la transición. Fueron asesinados por un loco que aquella noche oscura para la democracia creyó alcanzar con su crueldad una posición de privilegio ante la casa Real torturando hasta la muerte a quienes, en su delirio, quiso convertirlos en los autores del atentado contra el Jefe del cuarto miliar del Rey cuando todas las evidencias constataban una y otra vez y a cada minuto que pasaba su locura.
Las víctimas del Caso Almería y sus familiares merecen todo el reconocimiento como víctimas de torturas por parte de agentes de la Guardia Civil y siempre ha sido y sigue siendo obligación del Estado tomar las decisiones que satisfagan esa obligación éticamente ineludible y democráticamente imprescindible. Lo que no merecen es su utilización para construir un relato al servicio de unos políticos que pretenden reescribir la historia con los reglones torcidos de la manipulación.
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