La patata caliente de los funcionarios de Almería

La provincia de Almería tiene una nómina de cerca de 20.000 funcionarios del Estado que no saben aún qué médicos van a tener el próximo año y en qué hospital los van a atender. La burbuja de Muface (Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado) ha estallado como una pompa de jabón, como se veía presintiendo desde hace unos años. La historia es la siguiente: los empleados públicos han tenido hasta ahora posibilidad de elegir para la atención sanitaria entre la sanidad pública o la privada, a través del concierto de Muface con las aseguradoras privada. Hasta ahora, la amplia mayoría de los funcionarios elegía la opción -aunque no ha sido nunca una elección irreversible- de la compañía privada. Así ha sido desde que el Estado decidió crear por Ley esta mutualidad de funcionarios, como heredera de los antiguos montepíos decimonónicos, mejorando así un sistema sanitario muy deficiente para este gremio especial. Desde entonces, de forma periódica, el Gobierno ha ido licitando un concierto con las aseguradoras privadas para atender a este cuerpo de profesionales calculando una prima de beneficio. En este caso, el concurso ha quedado desierto.

Ninguna de las tres compañías que prestan hasta enero la asistencia a funcionarios de Muface -Adeslas, Sanitas y DKV- han presentado credenciales (qué casualidad). Las tres cubren en Almería una población aproximada de 19.400 titulares más los beneficiarios familiares. A pesar de que el concierto ofrecido ofrecía una prima del 17%, la oferta de licitación ha quedado sin oferente porque las aseguradoras consideran que es el chocolate del loro: según el informe Sanidad Privada de 2023, de cada 100 euros que ingresaron en primas, las aseguradoras acabaron destinando 108 a asistencia sanitaria de la población protegida. No le salen las cuentas. 

La clave puede estar en que dos de cada tres nuevos funcionarios prefieren el Sistema Público. Quizá por fidelización, porque son personas de entre 30 y 40 años que llevan muchos años acudiendo a la Atención Primaria o a los hospitales y especialistas del Sistema  Nacional de Salud a través de Salud y son reacios al cambio. Eso está propiciando que los seguros médicos privados se queden con la población más envejecida de funcionarios y con mayor gasto sanitario y el negocio se les viene abajo. Por otra parte, en núcleos pequeños de población, el funcionario se siente mejor atendido en Atención Primaria por el Sistema Público. Como ejemplo, la familia de un funcionario que resida en el entorno de Huércal-Overa sería difícil que pudiera encontrar una asistencia tan completa y compleja como la del hospital del SAS allí radicado. 

La patata caliente está servida, por tanto, para el Gobierno y los propios beneficiarios. La idea del Ministerio es la de volver a licitar el convenio, pero no parece que Adeslas y compañías se apeen del burro si no hay una mayor subida de prima. Por otra parte, sería complejo para el Servicio Andaluz de Salud asumir de golpe la asistencia sanitaria de todos los funcionarios de Muface de la provincia que se han regido hasta ahora por el seguro médico privado. La sangre no llegará al río, coinciden en afirmar las partes, pero, por ahora, no se ve horizonte.