Amediados de los ochenta, Mojácar-pueblo tenía tres oficinas bancarias: el Banesto, situada a la puerta de Plaza Nueva; Unicaja, en la plaza, y el Banco de Jerez, frente al Ayuntamiento. El Banesto se trasladó a la playa, Unicaja se ha cerrado y el Jerez pasó a mejor vida. Hoy, pues, un día del verano de 2012, Mojácar-pueblo no tiene ni un solo banco o caja. Por no tener, ni siquiera tiene un cajero. Quien quiera hacer algo de esto tiene que trasladarse a la playa. “O venir a Bédar, por ejemplo”, que dijo el otro día un vecino bedarense no sin cierta guasa, “que allí sí tenemos”.
Es lógico que los vecinos de Mojácar estén indignados y es comprensible que los turistas que suben a visitar el pintoresco pueblo se queden atónitos ante la situación. Unicaja ha sido la última en echar el candado. Dicen sus responsables que la oficina no era rentable. Y acusan al propio Ayuntamiento de no haber hecho nada por evitar esta situación, al trasladar la mayor parte de la operativa municipal a entidades de la playa, sin pensar en el servicio público que se le prestaba al pueblo. Ahora andan las autoridades locales a calzón quitado para ver si, al menos, consiguen la instalación de un cajero.
Esta situación de Mojácar se está repitiendo en otros muchos municipios del país. Cerca de 4.000 municipios españoles ya no tienen oficina bancaria. En los tres últimos años el número de oficinas se ha reducido en casi el 20 por ciento, y el de empleados, en el 12 por ciento. Al paso que vamos, y como los bancos sigan así, no sólo vamos a aceptar con agrado las cuantiosas comisiones que nos cobran, cada día más y por más cosas, sino que vamos a tener que declarar de utilidad pública la instalación de una sucursal bancaria. Mandan los tiempos.
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