Las facturas de la Diputación

Cuando Intereconomía difundió el vídeo de los asesores fantasma (Diego López sosteniendo el botellín como paradigma de la “sostenibilidad”) fue Luís Pérez, vicepresidente de Diputación, el más aguerrido defensor de tamaña corruptela empleando argumentos de manipulación, sesgo, confusión, mentira… o sea, idénticos argumentos que ahora emplea el secretario provincial del PSOE,  ese “chico”, Sánchez Teruel.

Lo visto y oído es una estrategia de manual que sistemáticamente emplea el PSOE para intentar zafarse de inapelables, flagrantes y evidentes conductas que, a falta de sentencia judicial, son, a todas luces, chorizadas evaluables por la opinión pública como un ejercicio universal y extendido en la casta política. Este es el problema; son algunos políticos, con su infecto proteccionismo corporativista, los que dan lugar a la inmerecida generalización. Pero el blindaje descarado y con hiriente desparpajo es un álgido gradiente para la indignación ciudadana que percibe descrédito y demérito de esa clase política que se enroca erguiendo defensas imposibles.

Lamento no poseer mayor conocimiento personal sobre los actuales dirigentes socialistas que los destilados de sus embriagadoras declaraciones periodísticas. Y eso no me da opción a entrar en sus capacidades o potencialidades intelectuales para abanderar la defensa de los intereses generales; pero, visto lo visto, me echo a temblar al ver en manos de semejantes mangurrinos están nuestras vidas y haciendas.

Sánchez Teruel, tal que sucedió con el vídeo de Intereconomía, apela a la manipulación y al “desprestigio” (¡has dicho algo!) de la Diputación, terminando por pedir la dimisión del denunciante del “Caso Aureliano” al tiempo que le pide expiación universal por su afrenta manipuladora, mentirosa y liante. Pero, ¿en qué se fundamenta Sánchez para acusar a García? Muy sencillo. Dice que las facturas fueron manipuladas al entregarlas a los medios de comunicación sin la identificación de la empresa (anagrama, CIF, dirección, etc.) y es éste el argumento al que se aferra que, siendo cierto, no supone más que una caución por parte del denunciante para evitar involucrar públicamente a una empresa privada que nada –por el momento- tiene que ver en un rifirrafe que se sustancia en una gestión más que cuestionable de actores políticos en el desarrollo de una actividad institucional. Y, como no podía faltar, hay opiniones periodísticas que secundan este peregrino argumento olvidando códigos profesionales de autocensura tan extendidos como la expresión en siglas de un delincuente detenido; la etnia o nacionalidad de un atracador; el color de la piel de un homicida…

Miren. Acaba de imputarse por un grave presunto delito a una residencia de ancianos en Vícar y no hay ni un solo medio de comunicación que haya publicado el nombre de la citada residencia por tan execrable comportamiento.

En alguna ocasión, la Junta ha sancionado a estaciones de servicio por el suministro de combustibles adulterados y nadie sabe quién coño ha sido; jamás se publicó el nombre, CIF, dirección, etc.  de los fraudulentos gasolineros. Y ya me jode que me roben en la Diputación, pero también algo me enoja, ¡cáspita, pardiez! Que a mi madre le suministren medicamentos caducados hace tres años y conseguidos con la tarjeta sanitaria de un difunto. Y disculpen que bote a bríos por la factura del taller tras haber repostado sulfurodemecagoentosusmuertos en una gasolinera que la Junta de Andalucía denuncia y sanciona sin mencionar jamás la identidad del chorizo. Y ahora; ahora sí, nos ponemos dignos y obsequiosos con la exigencia y profusión de datos. En fin.

Mucho me temo que esta martingala de la Diputación sea una tradición practicada para apuntarse a todas las ferias, muestras, misiones comerciales… con la finalidad de percibir, contra factura, las subvenciones de la Junta. Así se entiende que, como se apuntaban a todo, hubiesen de amañar componendas de viajes y viajeros ficticios para justificar lo que ahora es injustificable, imperdonable y probadamente chapucero.