Propone Pérez Rubalcaba que las empresas no puedan hacer donaciones a los partidos políticos. Ni siquiera con publicidad, transparencia y rígidas normas de control, que sería lo correcto. Para él, dicha financiación debe recaer sólo sobre las espaldas de los sufridos ciudadanos.
Vale ya. Algunos empezamos a estar hartos de que siempre seamos los mismos quienes financiemos a todo quisque. Nuestros impuestos no sólo mantienen a sectores económicos deficitarios, a empresas inviables, a asociaciones estrafalarias,… sino también a los partidos, a la Iglesia, a los sindicatos, a la patronal…
Todo, todo, sale de nuestros impuestos: hasta la pervivencia de muchos clubes de fútbol en bancarrota. Véase, si no, al Gobierno regional de Alberto Fabra, que prefiere pagar cinco millones de la deuda del Valencia C.F., antes que hacerlo a la sanidad y a otras disminuidas prestaciones sociales.
Es que vivimos en el país de la subvención generalizada, donde todo el mundo pretende que sean otros -o sea, los resignados contribuyentes- quienes le mantengan. Eso sucede tanto a nivel interno como externo, como lo prueba el que la mayor satisfacción de Mariano Rajoy al volver de la última cumbre de la UE fuese que España todavía sea perceptora de subsidios comunitarios.
El último ejemplo de esa mentalidad de vivir de la subvención son los 400 euros mensuales de ayuda para el desempleo del Plan Prepara. Por supuesto que los parados tienen derecho a vivir de la manera más digna posible; pero lo malo es que la Administración sólo sabe subsidiar en lugar de crear empleo; es decir, poner parches en vez de hallar soluciones.
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