El Gobierno valenciano está movilizando a la sociedad civil para pedir una mayor financiación del Gobierno central. Argumenta, entre otras justas razones, que recibe dinero para cuatro millones de ciudadanos cuando en realidad hay cinco.
No es la única Comunidad que se queja. Otra que recibe menos de lo que recauda es Cataluña, que por eso blindó sus inversiones cuando la reforma de su Estatut. Y como eso no le basta, exige ahora un pacto fiscal en una negociación bilateral con el Estado.
Y es que, lógicamente, todos queremos más, hasta las regiones con saldo favorable, como Andalucía, Canarias o Extremadura.
Los argumentos, en cada caso, son diferentes. Si Galicia alude al sobrecoste que supone para sus arcas el envejecimiento de su población, Castilla y León hace lo propio con la diseminación de sus habitantes en lo que es la segunda región más extensa de Europa.
Ya ven que cada uno tiene razones a cuál más fundamentada. Las únicas Comunidades que no se quejan al respeto son Euskadi y Navarra, ya que con sus respectivos conciertos económicos sólo le dan al Estado las sobras, quedándose ellas con su suculenta recaudación.
Hasta hace bien poco, en plena bonanza económica y alegría en el gasto, no parecía haber mayor problema, ya que los distintos presupuestos regionales aguantaban todo, incluso déficits cuantiosos. Pero ahora, al habernos exigido la troika un mayor equilibrio presupuestario, se ha armado la marimorena, tirando cada uno por su lado.
Compatibilizar todas esas demandas contradictorias resulta una tarea imposible que da al traste no sólo con la solidaridad interregional sino con la mismísima aritmética: si todo el mundo quiere recibir más de lo que recauda, ya me dirán de dónde demonios lo vamos a sacar.
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