Uno de los principios esenciales de la democracia es la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Por lo tanto, a la hora de afrontar la mirada vendada de la Justicia todos los españoles somos iguales, ya que por principio no existen privilegios, ni prerrogativas de sangre, cargo o títulos nobiliarios. Pero no hacen falta sesudos análisis o alambicados autos judiciales para concluir que el mejor dictamen sobre la igualdad legal de los españoles se resume en un trisílabo: tururú. Fijémonos ahora en el caso del pintoresco alcalde de Marinaleda y diputado andaluz por IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, encausado por los asaltos violentos a una serie de grandes superficies comerciales el pasado verano a cargo de su sindicato de agitadores del campo. Todos sabemos qué es lo que nos pasaría a usted o a mí si nos dedicásemos a impulsar y alentar el saqueo de los supermercados, pero claro, ni usted ni yo tenemos la misma consideración ante los jueces que un megafonista con pañuelo palestino. De hecho, la Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido el archivo de las actuaciones que se siguen contra el diputado andaluz porque dice que no está probado que él participase personalmente en los asaltos. Ya ven. Lo que sea con tal de quitarse problemas de encima, no sea que los colegas del exonerado acaben arramblando el juzgado que toque. Pero no deja de sorprender que los mismos que defienden que todos entremos por los mismos sitios a los juzgados o consideran una milonga que esposas jóvenes y preparadas desconozcan por completo las actividades empresariales de sus esposos, callen como infanzonas cuando los tribunales hacen favores a los suyos y traguen con la milonga de que Gordillo es inocente porque no arrambló con carritos sin pagar, aunque sí estuviera en las inmediaciones del Mercadona. Lo dicho: todos somos iguales, pero unos más que otros.
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