No sé si alguien había confiado alguna vez en la Agencia de Protección de Datos, ése órgano estatal supuestamente destinado a velar por el cumplimiento del derecho a la protección de la intimidad de las personas en su más amplia acepción, incluidos, lógicamente, todos los datos y aspectos de económico. Ser desconfiados es un principio al que nos hemos visto abocados por los usos y abusos que la apisonadora de la Administración ha hecho de nuestras indefensas identidades. Si aún había ciudadanos de buena voluntad que como tales han tenido cierto grado de confianza en las administraciones, en general, y en algunas en particular, pues ahora resulta que la principal interesada en que esa confianza exista y permanezca en el tiempo –la Administración- adopta iniciativas y decisiones que bien puede parecer que buscan el efecto contrario, es decir crear y aumentar la ya de por sí más que justificada desconfianza de los administrados. Los titulares de los periódicos ya lo anunciaban ayer: “El Gobierno controlará los datos bancarios de todos los españoles y personas residentes”. Nuestros propios datos económicos, los euros que usted pueda ahorrar o gastar, las carambolas domésticas de la economía de los pensionistas, los ejercicios malabares que muchos jóvenes han de hacer para poder matricularse en un máster o adquirir su primer coche, por ejemplo, estarán vigilados y controlados por jueces, fiscales, policías , agentes del CNI, y la Agencia Tributaria –que ya lo hacía-. Y ello bajo todos los parabienes de la que a partir de ahora deberemos llamar Agencia de Desprotección de Datos. Eso sí, el Ejecutivo justifica esta desprotección en la agilización de la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. Con esta iniciativa yo barrunto un fuerte descalabro bancario, pues seguro que habrá que retomar las ancestrales medidas ahorradoras y protectoras: las del calcetín y el ladrillo. Al tiempo.
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