Casitas a voleo

En pleno furor del palustre y el ladrillo, a impulsos de la laxa ley del suelo promovida por Aznar, aquí se construyó salvajemente como si todavía no se conociera el urbanismo ni la planificación geométrica. En aquel tiempo simples albañiles se metían a constructores y parece que no estaban solos, técnicos y funcionarios municipales les ayudaron en la tarea de enriquecerse lo más rápido posible. Después vino la paralización y la burbuja inmoviliaria y, como a las casas no se las lleva el viento, aquí están como caídas del cielo, en sitios inverosímiles, una aquí otra allá, sueño surrealista de enfermos del dinero. Ahora dicen que las casas son alegales, o sea, sin ley. Y el problema es morrocotudo porque la mayoría de ellas están ocupadas por tranquilos matrimonios extranjeros que en busca del sol y la paz las pagaron a buen precio. De esto hace ya un montón de años. Ahora el asunto está entre lo que se puede regularizar y lo que debemos derribar. Y en este último caso, lo que piden los afectados es que se cambie el Código Penal para sean aseguradas las indennizaciones. Como la mayoría de los engañados son ingleses, el embajador del Reino Unido presiona para salvar todas las casas. No termina aquí el percance porque la Fiscalía de Almería exige la demolición de 98 viviendas en Albox y supongo que habrá más casos semejantes en el Almanzora. Susana Díaz afirma que no habrá dificultad de entendimiento entre las fuerzas políticas para modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. IU es partidaria también de una solución pactada aunque, al mismo tiempo, aboga por un resarcimiento a los compradores de buena fe que fueron engañados por promotores sin conciencia o tal vez con la conciencia clara de que allí no se podía construir. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, dice que la Junta no pretende una annistía, ni legalizar o regularizar todas las viviendas ilegales sino dar solución “a aquellos casos prescritos en los que no se puede ejercer acciones disciplinarias ni administrativas ni penales porque son edificaciones que se encuentran en un limbo jurídico”. Para limbo jurídico el de algunos políticos que creyeron que aquello era el País de las Maravillas y que todavía echan mano para ganar las próximas elecciones.