Canalladas legales

Hay actos legales que están dentro de las leyes, pero eso no indica que sean justos, ni mucho menos. Más aún, hay disposiciones legales que son un atropello al ciudadano y, en algunos casos,  la perpetración de una canallada, legal, eso sí, pero canallada.

   Hemos asistido a un derrumbe en el precio de los pisos. Más que a un derrumbe: a un desmoronamiento que ha bajado el precio de algunos inmuebles a la tercera parte del que se adquirió. Y, mientras, año tras año, se depreciaba el valor de los pisos, la mayoría de los ayuntamientos incrementaban el Impuesto de Bienes Inmuebles. El piso en el que vives vale cada año menos dinero, pero el ayuntamiento te cobra cada año más. No es un atraco, porque al menos los atracadores corren algún riesgo, mientras los alcaldes son ayudados por los guardias, si alguno se resiste.

   Pero hay algo más grave. Debido a la crisis, algunas familias no han podido hacer frente al resto de la hipoteca que les habían concedido, y decidieron vender "su" piso para saldar la deuda con el banco. Se quedaban sin lugar para vivir, pero sin deudas. ¡Vana ilusión! Ahí aparece el atracador con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se lleva una mordida del 21%. Pierdes la casa, la vendes a precio de saldo, y todavía  te quedas con deudas, porque el Ayuntamiento actúa como una máquina inmisericorde de recaudar. Te cobra por lo que llama una plus valía, cuando lo que ha sucedido es una "menor-valía". Este atropello, esta injusticia que revuelve el estómago, se comete todos los días en todos los ayuntamientos. La norma no distingue entre los que obtienen beneficio y los que no. Y los aplicadores de la norma actúan no sobre personas, sino sobre vasallos desarmados, sobre pobres víctimas con las que no hay un adarme de compasión, gracias a la complicidad de los canallas que las hacen cumplir. Legalmente canallas.