No podemos condenar a las víctimas

Los terceros de buena fe que compraron una vivienda en nuestra provincia, ignorando que era ilegal, vienen reclamando a la sociedad y, en especial nos lo exigen a los políticos, que hagamos lo que tengamos que hacer para que, en ningún caso, quienes son en realidad las víctimas terminen siendo castigadas como si fuesen  culpables. 

Cuando un juez, que con las leyes actuales no puede hacer otra cosa, acuerda la demolición de una vivienda comprada por quien no sabía que era una vivienda ilegal y el culpable de ello no indemniza al comprador de buena fe por las razones que sean  -insolvencia o similares- ocurre que la víctima se queda sin casa, porque se ha acordado su demolición, y también sin indemnización. Eso es lo que está pasando, pero tiene remedio.

El asunto de las viviendas ilegales es un grave problema en España, que debemos resolver y que estamos resolviendo. Los afectados no se oponen a que se tire lo que está mal hecho, se oponen a que se tire y se queden sin indemnización los compradores de buena fe.  Está claro que hay casos que no tienen solución, pero sí la tienen la inmensa mayoría.

Tras escuchar y trabajar muchas horas con los afectados hemos avanzado bastante.  En Andalucía se está haciendo lo que se puede hacer, modificar la LOUA para dar respuesta a muchos de esos problemas. Ante el Gobierno de Rajoy también estamos trabajando desde la oposición para que se haga lo que se puede hacer, si se quiere.

Así, esta misma semana hemos acordado los socialistas de toda España plantear al Partido Popular y al resto de grupos políticos en las Cortes Generales que en la reforma del Código Penal, que actualmente se está  tramitando, se garantice a estos terceros de buena fe que no se llevará a cabo la demolición de la vivienda que compraron  hasta que se les haya asegurado la indemnización. 

También vamos a pedir que puedan ser parte en esos procedimientos, para que no se enteren de la demolición por la prensa o cuando lleguen las maquinas a su puerta. Por último, también vamos a tramitar una modificación de la ley estatal del suelo en esta misma dirección para asegurarles siempre la indemnización. En todo caso, el culpable siempre debe ser castigado.

Estos cambios son algo sencillo, de sentido común, justos, que podemos hacer, que no cuestan dinero. La solución a este problema no requiere de millones de euros -no es una cuestión de dinero- es una cuestión de voluntad política, de querer o no querer solucionarle los problemas a la gente, y nosotros sí queremos. Lo que no tengo tan claro es que lo quiera hacer el PP.