La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este lunes el juicio contra el exalcalde de Albox, Francisco Torrecillas, así como contra el exconcejal de Obras Públicas José Simeón Campoy, para los que la Fiscalía pide siete años de prisión por el hormigonado de la rambla del municipio con fondos presuntamente malversados y sin autorización medioambiental de la Junta de Andalucía.

"Lo único que se ha realizado es reponer y dar un servicio a los ciudadanos, no se ha construido ningún piso ni se ha dado licencia para alguna promoción individual, se ha hecho un servicio público para consolidar firmes y colocar puntos de recogida de residuos, que es lo que compete a un Ayuntamiento, servir a los ciudadanos, y eso no puede ser un delito". Así ha resumido en esta primera jornada de juicio el abogado de Torrecillas, Santiago Torres, algunos de los puntos expuestos en el mismo.

Durante este primer día del juicio la defensa del exalcalde y actual concejal independiente ha defendido la legalidad de los contratos que se articularon para efectuar "obras de conservación" en el cauce de la rambla del municipio, sobre la que se vertió hormigón para pavimentar el terreno a través de dos actuaciones en julio y septiembre de 2017.

Así lo señala en su escrito de defensa aportado ante el juicio que acoge desde este lunes la Audiencia Provincial de Almería contra el exprimer edil, el que fuera concejal de Obras Públicas, José Simeón Campoy, y el exinterventor municipal, a razón de las obras efectuadas en el espacio que forma parte del dominio público hidráulico.

Torrecillas, que se enfrenta a siete años de prisión por delitos de prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio, declarará en la última sesión del juicio prevista para el próximo miércoles a petición de su defensa, desde la que se sostiene que la doble obra fue realizada con sujeción a la normativa vigente en el momento.

En esta línea, la representación letrada del edil ejercida por el abogado Santiago Torres Prieto asegura que ambas actuaciones contaron con una "partida presupuestaria preexistente" y "con plena intervención y regularidad en la tramitación del expediente de contrato menor de obra y en la intervención del gasto público".

"No se ha construido ningún piso ni se ha dado licencia para alguna promoción individual, se ha hecho un servicio público" y "eso no puede ser un delito"Santiago Torres, abogado de Francisco Torrecillas, exalcalde de Albox

Frente a ello, la Fiscalía sostiene que los entonces alcalde y concejal se pusieron de común acuerdo para pavimentar la rambla sin contar con autorización de la Junta de Andalucía, pese a ser zona de dominio público hidráulico, así como sin un expediente administrativo previo, para lo que habría empleado personal municipal y se habría contratado, en dos ocasiones, un suministro de hormigón.

Así, incide en que la primera actuación supuso el pago de una factura de 8.712 euros mientras que la segunda, de 25.000 euros, se habría revestido a posteriori como contrato de obra al superar el importe máximo permitido en ese momento para los contratos menores de suministro, toda vez que tanto esta como la anterior actuación se hicieron en espacios que no eran de ámbito municipal.

El exconcejal de Obras Públicas, que ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado, Francisco Torres, ha asegurado que los contratos fueron propuestos por Torrecillas en un periodo en el que únicamente ellos dos formaban parte del gobierno local, de forma que él se limitaba a firmar "automáticamente" con su teléfono móvil lo que le entregaban, aunque sin "entender" qué es lo que hacía.

El acusado ha apuntado así que él supo que la obra para pavimentar la rambla carecía de licencia de la Junta cuando le preguntaron al alcalde en un pleno, donde "dijo que no la había pedido porque no se la iban a dar". "Después del pleno me dijo que no me preocupara, que había documentación para aportar porque era legal", ha añadido.

El exedil, quien ha apuntado que cortó relaciones con Torrecillas en 2021, ha apuntado que como vecino de Albox es conocedor de que la rambla ha sido objeto de obras anteriores en décadas pasadas, sentido en el que ha defendido que el hormigonado se vertió sobre zonas que ya habían sido asfaltadas previamente en esos antiguos trabajos.

De otro lado, el exinterventor municipal ha explicado que su labor se limitó a verificar la existencia de una partida adecuada para realizar las obras propuestas conforme a contratos menores, que no exigen de fiscalización previa, toda vez que ha señalado que desconocía el contenido de la obra a desarrollar en sí al no ser parte de sus competencias, según ha asegurado.

Con ello, ha asegurado que desde intervención no hubo "ánimo de ocultar" ninguna actuación municipal a la hora de entregar las facturas que reclamó la Policía Judicial en relación a las obras en el marco de la investigación, cuando únicamente se aportó, en un primer momento, la que tenía un valor de 8.712 euros --conforme al primera obra menor de suministro-- pero no la segunda, por valor de 25.000 euros.

El exinterventor, quien se ha remitido al órgano de contratación al ser preguntado por los pormenores de los contratos, ha señalado que la factura de 25.000 euros fue aportada con posterioridad una vez se localizó; un aspecto que choca con la versión de la Fiscalía, desde donde se ha defendido que estos segundos trabajos se atestiguaron documentalmente solo por la aportación de factura hecha por la empresa suministradora del hormigón.

Al respecto, la responsable de contratación ha declarado como testigo que si bien ella redactó los contratos a su modo a petición de Campoy, aunque desconoce el motivo por cual había facturas previas a la firma de los contratos. Asimismo, ha señalado la idoneidad de conformar los contratos en la modalidad de obras, en arreglo a la ley vigente en el momento, aunque desconoce si los trabajos se ejecutaron con personal municipal o ajeno.

Por su parte, el agente de la Policía Judicial que se encargó de la atestado a partir del escrito de denuncia emitido por la Fiscalía de Medio Ambiente ha señalado que la propia secretaria municipal --denunciada por los acusados en un procedimiento paralelo-- emitió una "certificación negativa" de las obras realizadas porque "no había expediente de contratación".

El agente ha apuntado los "sólidos" indicios de que el contrato que se efectuó para justificar los trabajos era falaz en función de las fechas de las firmas y los ritmos en los que se ejecutaron las obras y las inspecciones que se llevaron a cabo por el Sermona, de forma que el procedimiento administrativo se habría articulado ´ad hoc´ a los trabajos.

Con ello, ha señalado la existencia de facturas con fechas anteriores a la formalización del contrato de 25.000 euros; una factura que "se ocultó" porque, según la investigación, "no estaba amparada por ningún tipo de contrato".

En el mismo sentido, ha explicado que esta segunda contratación para el suministro de hormigón, correspondiente a la obra que se hizo a finales de septiembre de 2017, habría sido revestida como contrato de obras, ya que la primera modalidad tiene un límite de contratación de hasta 18.000 euros.

En esta línea, tanto los agentes que emitieron las actas iniciales a pie de obra como el responsables de la empresa suministradora han incidido en la presencia de personal municipal realizando las labores de esparcimiento del hormigón que era servido por la empresa contratada, de modo que el operario que conducía el camión se limitaba a transportarlo y a liberarlo de la tolva, según el responsable de la empresa.

"La empresa no hace obras, solo suministros y lo dejó claro el responsable de la empresa", ha apuntado también el responsable policial en consonancia con lo que ha dicho el responsable de la obra, quien ha señalado que el era el personal del Ayuntamiento el cual "extendía el hormigón" en base a sus propias órdenes y a las del equipo de gobierno formado por entonces solo por Torrecillas y Campoy, los cuales también visitaban los trabajos casi "a diario".