Las organizaciones agrarias de la provincia han decidido dar un paso más en su campaña de movilizaciones y acciones destinadas a acabar con la crisis de precios y de rentabilidad; lo harán recurriendo a los tribunales comunitarios en defensa de sus derechos.
Lo anunciaban ayer en una comparecencia los representantes de las organizaciones agrarias Ecohal, Coexphal, Coag, Asaja y Upa, explicando que han llegado a un acuerdo para reclamar ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo el cumplimiento del derecho a la ‘preferencia comunitaria’ para sus hortalizas frente a las que llegan de terceros países, al entender que es una de las causas del desplome de los precios.
Movilización
La patronal agraria y las comercializadoras han convocado para este viernes una tractorada en la comarca de Los Vélez que, bajo el lema de #agricultoresAlLímite, volverá a reclamar una Política Agraria Común (PAC) "más justa" que permita mantener las explotaciones agrarias y ganaderas "dignamente".
La portavoz de Upa, Paqui Iglesias, advertía que la contribución que hace el sector primario "tanto económicamente como socialmente" a la España "abandonada, que no vaciada, tiene "un coste" que pasa "por ayudas más justas" en el marco de la PAC que se negocia actualmente.
Actualmente esas políticas tienen poco peso en la provincia ya que del total de 1.500 millones que recibe Andalucía en ayudas directas de la PAC, Almería sólo recibe nueve millones “y así no se puede luchar contra el despoblamiento". De ahí el llamamiento a secundar una movilización que defiende "frutos secos, ganadería o herbáceos" más allá de las frutas y verduras propias de las explotaciones agrarias de la costa.
Insuficiente
Almería inició las movilizaciones agrarias en noviembre y los representantes del campo entienden que el decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros "por si solo no puede funcionar y cada sector necesita una medicina diferente" para dar respuesta a la crisis que padece.
"Las frutas y hortalizas necesitan un sistema de gestión de crisis para que, ante un exceso de producción se pueda retirar producto a precios razonables, y necesita que haya un control y un respeto máximo para que se cumplan a rajatabla los acuerdo de la UE con terceros países".
El presidente provincial y portavoz Asaja, Pascual Soler, sostiene que el paquete de medidas impulsado por el ministerio que dirige Luis Planas "está incompleto" y "no se adapta bien" al sector hortofrutícola. Por ello afirma que desde el sector “queremos pedir nuevas reuniones con el Ministerio para reconducir el decreto y encajarlo para que sea útil". Soler insistió en que las medidas han de complementarse con “herramientas para la retirada de producto a precio marcado".
Sostiene que hay que hay insistir en la necesidad de "bajar los costes de producción si queremos mantener las empresas". "Esa actuación pasaría por implementar rebajas fiscales o rebajar el coste del agua", ha precisado.
Cita en Madrid
El secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, anunció la reunión de hoy con el Ministerio de Agricultura, “porque hemos visto que Almería necesita que se explique con más claridad cómo se va a desarrollar un decreto que, a nuestro juicio, no tiene sentido porque es intentar hacer una casa empezando por el tejado".
"Lo primero es que hay que regular la importación de terceros países y habilitar mecanismos de gestión de crisis de precios porque hablar de contratos por encima del coste de producción y envasado sin atajar el problema importante de la competencia desleal nos lleva a estar en mano de las cadenas de distribución".
Góngora también ha reclamado a la Junta andaluza que "se tome más en serio" el etiquetado del producto y ha demandado un cambio en la normativa actual "para que empresa a la que se le pille reetiquetando, empresa a la que se le decrete el cierre”.
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