El Gobierno andaluz y organizaciones agrarias emiten una declaración de apoyo

El Gobierno de Andalucía y las organizaciones agrarias representadas en la Mesa de Interlocución (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía) han acordado, con la adhesión de Interfresa, Coexphal, Ecohal y   Freshuelva, emitir una declaración conjunta en defensa del sector agroalimentario andaluz y español tras conocerse los perjuicios que está ocasionando la publicación en los medios de comunicación de una instrucción interna dictada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España a la imagen de este sector productivo, así como las repercusiones que pueden  conllevar la pérdida de confianza en nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales.

En dicha declaración afirman lo siguiente:

Es por ello que, en primer lugar, se quiere mostrar el malestar por las informaciones publicadas en torno a esta instrucción interna del Ministerio de Trabajo en la que se estigmatiza y extrapola una imagen errónea del sector y se le pide explicaciones a la ministra sobre el contenido de dicha instrucción en donde -según los propios medios- se transmiten directrices a los inspectores de Trabajo para que persigan las supuestas condiciones de “esclavitud laboral o prácticas similares” o "malos tratos" en las campañas agrícolas de mayo y junio.

Aún siendo conscientes de la importancia de la realización de las inspecciones en general, lo que nos parece inaceptable son los términos recogidos en dichas instrucciones a la hora de referirse a los profesionales del campo y la agroindustria. Y es que éstos se alejan mucho de la realidad de un sector que  es reconocido por sus esfuerzos en materia de investigación, innovación, así como en sostenibilidad ambiental y social. 

En segundo lugar, solicitar la intercesión inmediata y la defensa del sector por parte del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Sr. D. Luis Planas, en el seno del Ejecutivo nacional para que solicite también las pertinentes explicaciones. 

Exigimos a la ministra de Trabajo y Economía Social la modificación inmediata de la instrucción si en su contexto recoge estos términos tan desafortunados y dañinos, pues criminaliza de forma general a un sector estratégico que es pilar básico de la balanza comercial de España. En concreto, en Andalucía este sector supone el 10% del empleo y el 11% del PIB, además de jugar un papel vertebrador de nuestra sociedad al ser capaz de responder, de forma ejemplar, en los contextos socioeconómicos más complicados.

Consideramos incomprensible que estas cuestiones lleguen, además, en un momento en el que el sector ha sido clave durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Un sector esencial que, al igual que otros, ha seguido manteniendo su actividad para no dejar de abastecer los mercados nacionales e internacionales de productos básicos en la alimentación de los europeos. 

La unión demostrada durante este periodo ha permitido a una parte de la sociedad española redescubrir los valores de nuestra agricultura, un sector primario que ha hecho de la sostenibilidad uno de sus estandartes, no sólo desde el punto de vista medioambiental sino también social, siendo capaz de generar empleo de calidad.

Como ha quedado constatado en otros periodos de recesión, la agricultura y la ganadería se han convertido, una vez más, en colchón de la crisis. Por todo ello, entendemos que frente a ataques externos, las administraciones, las organizaciones agrarias y los trabajadores del campo deben apelar hoy con más fuerza si cabe al espíritu de colaboración. En este complejo e inédito escenario en el que nos encontramos, rechazamos ataques gratuitos a un sector que si por algo destaca es por la excepcional convivencia de sus miembros.

Lejos de provocar irreparables daños a la imagen de nuestros agricultores y ganaderos, desde Andalucía entendemos como una obligación transmitir la verdadera imagen del campo, que es solidario, innovador y capaz de aportar vida y salud. Por último, queremos condenar cualquier comportamiento inaceptable que se pueda producir en cualquier sector productivo y económico del territorio nacional, pero entendiendo que éstos deben considerarse, en todo caso, como hechos puntuales y nunca ser tratados de forma generalizada.