La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía considera incoherente que la UE dé millones a Marruecos para promover la agricultura ecológica, cuando ni siquiera es capaz de controlar de manera eficiente la totalidad de las importaciones de productos de la agricultura convencional que, continuamente, hacen saltar alertas sanitarias por el alto contenido de sustancias perjudiciales para la salud que están prohibidas en el territorio europeo.
En este sentido se ha manifestado el responsable de Producción Ecológica de COAG Andalucía, Sergio López, quien afirma que “La UE nos vuelve a traicionar a los agricultores con la ayuda millonaria a Marruecos”.
“La Comisión Europea –explica- demuestra una gran incoherencia, ya que nos induce a producir en ecológico y, al mismo tiempo, subvenciona a terceros países para que nos hagan la competencia”.
Asimismo, señala que “es incomprensible que tantos millones de euros se destinen a promover el cultivo ecológico en un país que ni siquiera cumple rigurosamente con las normas básicas que garanticen la seguridad alimentaria en la agricultura convencional”.
Sergio López habla también de hipocresía, destacando asimismo, que la lluvia de millones que se han concedido a Marruecos “muy probablemente irán a parar a las grandes empresas agroalimentarias que están instaladas en ese país”, por lo que la excusa de ayudar a los pequeños agricultores marroquíes es tan sólo una justificación de “escaparate”.
En relación a este asunto, el responsable de Ecológico de COAG Andalucía hace hincapié en que el modelo social y profesional de la agricultura andaluza es dinamizador del medio rural, mantiene vivos nuestros pueblos, genera empelo, fija territorio y es respetuoso con el medio ambiente. “Lo que no ocurre en Marruecos –apunta-, donde las condiciones socio-laborales de los agricultores son inadmisibles en Europa. En definitiva, hipocresía en grado máximo”.
Por último, para COAG Andalucía, es indispensable que las producciones de países terceros cumplan con las mismas normas sanitarias y medioambientales al acceder al mercado de la UE, con el objetivo de que se garantice la seguridad alimentaria y una competencia en igualdad de condiciones, además de que se aseguren unas condiciones socio-laborales dignas para los agricultores.
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