Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han aplazado a junio el esfuerzo final para tratar de fijar una posición común sobre las nuevas normas en materia de agricultura, tras constatar que persisten diferencias en cuanto al nivel de control de los productos bio y al rastro permitido de sustancias nocivas. “Hace falta más tiempo y se necesita más trabajo técnico”, han explicado fuentes comunitarias, para explicar que los Veintiocho hayan pospuesto la discusión a su próxima reunión de junio, en Luxemburgo.
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, se ha dado de plazo hasta antes del verano para lograr un acuerdo que revise las reglas para las producciones orgánicas, pero no descarta retirar una propuesta que heredó de su predecesor en el cargo, Dacian Ciolos, si no constata avances importantes.
“Hoy ha sido imposible llegar a un consenso y no queremos precipitarnos con acuerdos parciales”, ha explicado el ministro de Agricultura letón y presidente de turno de la UE, Janis Düklavs. En una breve sesión pública del consejo de ministros, al término de una jornada de negociaciones, Düklavs ha constatado las “dificultades” para un acuerdo y ha optado por dar un mes más para “estudiar con más calma” la cuestión.
Los grandes obstáculos para el acuerdo siguen siendo los puntos que alejaban a las delegaciones antes de la reunión: la frecuencia y exigencia de los controles y los umbrales de tolerancia a la presencia de sustancias no permitidas en los cultivos con el sello bio. Las opciones que defienden las delegaciones van desde controles anuales y umbrales claros hasta quienes abogan por una “tolerancia cero” con los pesticidas o quienes creen que la frecuencia de los exámenes debe fijarse en base a evaluaciones de riesgo.
El último borrador presentado por la presidencia letona abogaba por controles anuales, con la posibilidad de que el Estado miembro decida reducirlos a una frecuencia de tres años si una evaluación de riesgos lo permite. En cuanto a los restos de sustancias nocivas como los pesticidas, el texto planteaba que un umbral para activar un protocolo para investigar la causa y responsabilidad de la contaminación, lo que determinaría después si se retira o no el sello ecológico al producto.
La ministra española de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina, ha insistido en el debate con sus socios europeos en la necesidad de “uniformizar” las reglas y definir claramente “cómo controlar, cómo evaluar y cómo decidir” cuándo un producto debe ser “declasificado” como ecológico por la presencia de sustancias no autorizadas.
“Lo que pedimos como país exportador importante de productos ecológicos es que se haga con las mayores garantías y, sobre todo, uniformizando los controles y la manera de decidirlo a nivel comunitario. Ahora mismo nos debatimos entre quedarnos como estamos o ver si se da un pasito más adelante”, ha resumido Tejerina en declaraciones a la prensa a su llegada a las negociaciones.
Otro de los elementos de la discusión a 28 ha sido el nivel de exigencia para las importaciones bio de terceros países, para la que sí hay una “mayoría conforme” con requerir que cumplan con los mismos estándares que deben asumir los productores europeos. Algunos países, no obstantes, se resistían a elevar estos requisitos a los países en desarrollo.
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