Los planes de empleo de la Junta, “en peligro”

La prórroga de los distintos planes de empleo de la Junta de Andalucía de manera conveniada con los ayuntamientos “corre el peligro” de no llevarse a cabo. Al menos de forma inmediata. El Parlamento andaluz rechazó ayer el decreto que iba a convalidar esta medida del Ejecutivo autonómico.

La propuesta de convalidación del decreto solo contó con los votos favorables del PSOE. Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida lo hicieron en sentido contrario. Los parlamentarios de Ciudadanos se abstuvieron en la votación y el decreto no pudo ser convalidado.

Fue la sorpresa política de la tarde de ayer en el Parlamento de Andalucía. Socialistas y cargos de la Junta denunciaron en redes sociales un nuevo episodio de la ‘pinza’ PP-Podemos contra el Gobierno de Susana Díaz.

La Consejería de Empleo y Comercio reaccionó a través de una nota de prensa expresando su interés en el mantenimiento de los planes de contratación de jóvenes y mayores de 30 años.

No obstante, el departamento que dirige José Sánchez Maldonado dijo que actualmente la creación de empleo en la comunidad está “en peligro” por esta adversidad política.

En el caso de la provincia de Almería, los distintos planes de Empleo que ha previsto la Junta de Andalucía supondrían una inversión superior a los 20 millones de euros.

Según avanzaron a mediados de enero los delegados del Gobierno y de Empleo, Gracia Fernández y Miguel Ángel Tortosa, respectivamente, la previsión es la de generar cerca de 2.000 empleos en la provincia gracias a esos planes.

En la citada nota, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio lamenta el rechazo al decreto Ley que pretendía “facilitar el acceso a los ayuntamientos a los distintos planes recogidos en la norma, aunque mantengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o condenas en la jurisdicción laboral”.

El rechazo a la disposición adicional primera que establecía el catálogo de servicios a prestar por el colectivo de empleados públicos del SAE ha sido el argumento de rechazo esgrimido por los grupos de PP, IU y Podemos y la abstención de Ciudadanos.